Lo inesperado dio lugar a lo esencial. Quince días atrás, un proyecto de ley por parte del oficialismo fijó la atención sobre el sistema de reparto de regalías mineras. Luego del debate y la polémica generados, que incluso dio lugar a la presentación de nuevos proyectos por parte de la oposición, CUYO MINERO generó un sondeo con el fin de lograr una visión sobre el tema desde la mirada de académicos, cámaras y organismos vinculados a la minería. Y la coincidencia que más se destacó es la propuesta de que la educación y la salud tengan una asignación específica como destino de las regalías y que haya seguridad jurídica.

Vía e-mail y a todos por igual, se les propuso el análisis del sistema de reparto vigente y de la nueva propuesta de distribución elaborada por el diputado basualdista Armando Campos, quien presentó un proyecto de ley que modifica lo establecido en el artículo 17 de la Ley 7862 (este artículo que tiene que ver con los porcentajes de distribución de los dividendos mineros), que ya tomó estado parlamentario. Asimismo, se les pidió detallas en aspectos positivos y negativos de uno u otro sistema, a la vez de evaluar la necesidad de cambiar o no la actual ley de regalías mineras. De esta forma, representantes de la Cámara Minera de San Juan (CMSJ), Cámara de Servicios Mineros de la República Argentina (CASEMI), el Grupo de Empresas Exploradoras de la República Argentina (GEMERA), del Organismo Latinoamericano de Minería (OLAMI), académicos de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y de la Universidad Católica de Cuyo (UCCUYO) dieron su visión sobre el tema.

Cuando todo hacía presuponer que los resultados iba a centrarse en torno a porcentajes o si a los municipios sin minería les corresponde o no recibir los beneficios de las regalías, el sondeo puso de manifiesto sobre lo que no se había puesto atención: ni en el sistema de reparto vigente ni en el propuesto en la Legislatura se hace mención a porcentajes específicos asignados a salud o educación. Por supuesto, el espíritu de ambas tiene que ver con el desarrollo de la comunidad, pero entendido en términos de generación de infraestructura u obra pública. Vale destacar que fueron los representantes del mundo académico quienes manifestaron la necesidad de introducir la salud y educación como mejoras al sistema vigente o como aspectos relevantes a considerar ante un eventual cambio del actual sistema. El mismo grupo consideró exagerado el porcentaje destinado a Rentas Generales de la provincia y expresó la necesidad de una delimitación específica de ese porcentaje.

Por otra parte y esta vez desde las cámaras y entidades mineras, se puso de manifiesto la necesidad de mantener un sistema jurídico estable. Desde CASEMI, CMSJ y GEMERA reconocen que el actual sistema es perfectible, pero aún así estiman que las leyes no pueden cambiarse en forma permanente porque, desde su punto de vista, esto hace a la credibilidad de la provincia o el país ante las inversiones. Desde estas instituciones apoyan una eventual modificación pero por el momento no consideran necesaria la reforma del sistema vigente.

Hubo opiniones dispares con respecto a si los municipios mineros deberían o no recibir los beneficios de las regalías. Desde la perspectiva de los encuestados es un tema para analizar con detenimiento, en particular por el hecho de que si se aprueba el reparto para departamentos sin minería, esto sentaría precedente para que departamentos mineros reclamen coparticipación de lo que generan otras industrias. Sería un reclamo en pie de igualdad con la desventaja de poner a los departamentos sanjuaninos, mineros o no, en un debate interminable.

El contexto

En la última semana de agosto un proyecto de ley esbozado por Daniel Tomas, diputado electo y actual titular de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados provincial, trascendió en los medios y levantó polvareda: Proponía reducir a la mitad los beneficios que por regalías cobran los municipios con yacimientos mineros, para repartir el restante entre comunas sin minería a gran escala.

En cierto modo la iniciativa de Tomas encendió una mecha. Tras tomar estado público su proyecto, los intendentes de municipios mineros expresaron su descontento, el Gobernador le bajó el pulgar al proyecto y los opositores presentaron propuestas en la Cámara para modificar el actual sistema de reparto de regalías; todo en la misma semana.

Desde el lado opositor también hubo condimento. El mismo día y con diferencia de horas, Mauricio Ibarra, intendente de Rawson y diputado electo por el Frente Unión por San Juan, anunció ante los medios un proyecto de modificación sobre el régimen de reparto. Una hora después, trascendió que Armando Campos, diputado basualdista, presentó en la Legislatura un proyecto destinado a la reforma del artículo 17 del mencionado sistema de reparto, propuesta que ya tomó estado parlamentario.

Así las cosas, se centró la atención en el tema regalías y se sentaron las bases de un debate que asoma de a poco y que dará que hablar. En la actualidad y según el atículo17 de la Ley 7.862, las regalías de cada proyecto minero se calculan según el 3 por ciento sobre el valor de boca mina “del mineral extraído, transportado o acumulado previo a cualquier proceso de transformación”. Luego, el reparto se hace de la siguiente manera: 70% se destina a Rentas Generales de la Provincia, 20% para el municipio donde está asentado el yacimiento minero y el 10% restante a la Dirección de Minería.

Entre los cambios sustanciales, el proyecto de Campos prevé desdoblar ese 70% que en la actualidad se destina a Rentas Generales, a la vez de promover la afectación específica de esos fondos. Es decir, de ese porcentaje el 50% le corresponderá a Rentas Generales que deberá ser destinado a un fondo de desarrollo que permita la financiación de la obra pública y el 20% restante será a distribuir entre departamentos no mineros y con un fin definido. El 20% que corresponde a municipios mineros, como el 10% destinado a la Dirección de Minería, no se modifican.

Desde el Frente Unión por San Juan también surgió otra iniciativa de modificación al régimen de distribución de dividendos mineros. Similar al proyecto de Armando Campos, la propuesta también prevé la delimitación del porcentaje que le corresponde a la provincia, a la vez de establecer la conformación de un Fondo de Desarrollo con fines específicos y diferentes a los propuestos por el basualdista. El anuncio lo hizo hace quince días Mauricio Ibarra, intendente de Rawson y diputado nacional electo. En concreto la propuesta contempla: 50 por ciento para la Provincia que deberá destinarse a la creación de un Fondo de Desarrollo, el 20 por ciento para la Municipalidad donde tenga asiento el yacimiento minero, 10 por ciento para la Dirección de Minería y el 20 por ciento restante deberá ser distribuido entre el resto de los municipios de la provincia. Vale aclarar que el Fondo de Desarrollo prevé la creación de un fideicomiso para la pequeña y mediana minería y para la generación de polos de desarrollo que permitan el impulso de industrias que requieran de insumos de la zona en departamentos no mineros, a la vez de promover proyectos destinados al desarrollo social y humano.

El sondeo

Marcelo Bellini

Egresado como Ingeniero de Minas de la UNSJ. Actual Vicedecano de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ y miembro de la Comisión Normalizadora del Colegio Argentino de Ingenieros de Minas.

El sistema actual
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“Permite a aquellos municipios que poseen el recurso tener una especie de respaldo o caución por la extracción de sus recursos no renovables, más allá de que es el municipio el que decide el destino conforme la ley vigente”.


“El porcentaje destinado a la provincia, al ser para Rentas Generales, puede perder objetivos; esto es, que se utilice para pago de deudas –por ejemplo- en lugar de invertirlo en educación, salud y obras, entre otros”.

El nuevo proyecto

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“Redistribuye mejor los porcentajes, fija un destino específico para el destino de los fondos que van a rentas generales”.

“Se benefician municipios que no poseen recursos mineros y esto puede ser un antecedente para que, si en algún momento se sanciona una ley que establezca, por ejemplo, regalías a la producción de olivos, se vean beneficiados otros que no tienen las condiciones para este tipo de producción. Es una propuesta que, personalmente, debería analizar con mayor detenimiento. El destino impuesto a los fondos que irán a rentas generales sigue siendo para obras y no está contemplada la educación y la salud como dos aspectos esenciales”.

¿Hay que hacer cambios?

“Sí, creo que debe modificarse el sistema actual, en especial los porcentajes de la distribución. Posiblemente el proyecto presentado por el diputado Campos es perfectible si, por ejemplo, dentro del 50 % destinado al fondo de desarrollo se fija que las obras deben destinarse a las áreas de salud y educación o que contemple obras de infraestructura que beneficien de alguna manera a esas áreas”.

Hugo Nielson

Ingeniero de Minas egresado de la UNSJ. Director del Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable de la Universidad Nacional de San Martín. Secretario General del Organismo Latinoamericano de Minería (OLAMI).

El sistema actual

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“Distribuye regalías entre provincia y municipios involucrados en el proyecto”.


“Parece exagerado el 70% a Rentas Generales y pocos los fondos destinados a municipios. Se debería ampliar el porcentaje destinado a la Dirección de Minería Provincial a fin de mejorar las capacidades de contralor del Estado Provincial sobre las empresas en lo que respecta al impacto ambiental de los proyectos. Los organismos de control deberían prever la participación de universidades, institutos de investigación y comunidades para mejorar la confiabilidad de los informes de impacto”.

El nuevo proyecto

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“Mejora la distribución de regalías”.


“Destina los fondos a un impreciso Fondo de Desarrollo”.

¿Hay que hacer cambios?

“Sí. Considero que los fondos obtenidos por Regalías Mineras deberían destinarse, principalmente, a mejorar las condiciones de vida de las comunidades radicadas en las áreas de influencia cercanas a los emprendimientos. Esto es, financiar planes de desarrollo destinados a mejorar la educación, la salud y la vivienda, desarrollar proveedores locales y estudiar actividades económicas alternativas para cuando se produzca el cierre de minas”.

Sergio Rosa Donati

Docente, investigador, panelista y conferencista de economía política, microeconomía, macroeconomía y Doctrina Social de la Iglesia. Desarrolla sus actividades académicas en la UCCUYO y la UNSJ, entre otros.

El sistema actual

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“Considero positivo que el actual sistema provenga de una ley, que presupone un debate previo en el Poder Legislativo, entre los representantes del pueblo elegidos y con poderes delegados de aquellos a éstos, conforme a un régimen constitucional vigente. Sin embargo legal no necesariamente quiere decir justo”.


“Existen múltiples fallas del sistema de regalías, y como el derecho, es una estructura de normas jerárquicas (las leyes están subordinadas a la Constitución, los decretos a las leyes, los reglamentos a los decretos, y así siguiendo), la crítica no puede ser más que jerárquica, porque mal se podrá discutir cómo se va a repartir algo, si previamente no está definido con claridad y sencillez la determinación de lo que se va a repartir”.

El nuevo proyecto

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“Es positivo incluir a todas las Municipalidades; el problema, una vez más de jerarquía de leyes, es que si consideramos a la regalía un impuesto, el reparto debería hacerse conforme a una Ley de Coparticipación Municipal, que independizara en la forma de cálculo y en el mecanismo de acreditación a los municipios del centralismo provincial, ya que replicamos a nivel local el unitarismo tributario imperante a nivel nacional”.


“Creo que el proyecto parte de un diagnóstico equivocado. San Juan tiene, puntos más puntos menos, la mitad del PBI per cápita del promedio nacional, luego somos la mitad de ricos o el doble de pobres, por lo tanto, éste y todo otro proyecto debería estar orientado prioritariamente a solucionar este problema que no sólo requiere de un plan de gobierno o políticas de Estado”.

¿Hay que hacer cambios?

“Hay que modificar el sistema de regalías, pero no sólo el de regalías sino los planes de Gobierno, las políticas de Estado y el sistema socio-económico de San Juan. Hay que llamar a escena a los grandes ausentes de estas propuestas como la educación, el primer factor de crecimiento y desarrollo humano comprobado científicamente, en especial la educación universitaria; la investigación y el desarrollo; el segundo factor, obviamente en este caso dirigido a mejorar métodos de producción minera y a auditorías ambientales de firmas altamente calificadas contratadas por licitación pública internacional de precio, antecedentes y con pago sujeto a éxito de cumplimiento”.

Ricardo Martínez

Geólogo. Titular de la Cámara Minera de San Juan.

El sistema actual

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“La provincia ya experimentó los beneficios de los diversos aportes que realizan las empresas que llevan adelante los proyectos en marcha. Se ha observado fehacientemente que el derrame económico de la actividad minera comprende fundamentalmente el costo de la inversión operativa en la producción, que se distribuyen en un amplio grupo de empresas locales y regionales que venden bienes y servicios a las mineras, son abrumadoramente superiores a los montos que recibe la provincia hacia Rentas Generales, municipios y la Dirección de Mineria en concepto de regalías”.


“Se debe considerar con mayor énfasis los destinos de estos montos de regalías, tanto en las arcas municipales como en el estado provincial. Que sean gastados en proyectos de alto efecto multiplicador, en proyectos sustentables y que no sean mal invertidos en obras o servicios sin destinos sociales concretos. Es parte del proceso de aprendizaje y optimización”.

El nuevo proyecto

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“Desde el sector empresario vamos a alentar que se potencie el desarrollo de inversiones a nivel de municipios mineros que den mayores oportunidades a nuevos proyectos, y que el Estado Provincial destine sus inversiones a potenciar la infraestructura provincial para nuevos proyectos productivos, sean en minería o en cualquier rumbo”.


“No es bueno cambiar y dar la imagen ante los inversores que siempre se continúa la permanente disyuntiva política. Esto es lo negativo. Siempre es más positivo el hecho de ordenar los objetivos y sustentar la actividad”.

¿Hay que hacer cambios?

“No creemos oportuno mayores cambios. De todas formas apoyaremos los cambios que sean discutidos acordemente, con debates que apoyen el progreso y el desarrollo productivo de San Juan. El mayor cambio es filosófico, desde la CMSJ consideramos que la minería y su desarrollo económico, incluyendo las regalías mineras, llegaron a San Juan para quedarse e interactuar con el esquema productivo de la provincia. Hemos visto y oído últimamente muchas propuestas de cambios de esquemas y esto perjudica la seguridad jurídica de la industria y la imagen de la provincia y el País ante las inversiones. Los logros de la industria no son un trofeo de la política y por ende no deben ser usados con fines políticos o demagógicos”.

Alejandro Donna

Gerente de la Cámara Argentina de Servicios Mineros

El sistema actual

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“Sin lugar a dudas es un sistema que funciona, con todos sus defectos y virtudes. Es evidente que los departamentos y la provincia están disfrutando de los beneficios generados por la industria”.


“El sistema es efectivo, esto hace que este tema se encuentre nuevamente en discusión; nadie se va a pelear por algo que no genere beneficios dignos”.

El nuevo proyecto

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“No conocemos en detalle el proyecto, pero podemos decir que no deben caer en lo mismo que se le reclama a la Nación. Más de una vez hemos sentido reclamar a funcionarios por la poca coparticipación que envía la Nación a la Provincia; tal vez no estén escuchando a los Departamentos que sienten que la Provincia hace lo mismo”.


“A mi entender, los fondos que no coparticipa la provincia se debería destinar mas a mejorar la infraestructura de toda San Juan, para que no lleguemos a esta discusión y tener que analizar si se les da o no un porcentaje de esos fondos a los municipios no mineros; ya que esto nos dará pie a que los municipios mineros pidan coparticipación de lo que generan los otras industria y sería una discusión sin fin”.

¿Hay que hacer cambios?

“No creo que seamos quiénes para entrometernos en estos temas; pero seguramente apoyaremos como ciudadanos todas las modificaciones que se hagan en consenso con la opinión de todos los involucrados. Creo que no son necesarios grandes cambios, solo debemos trabajar mas en conjunto el sector privado con el público para lograr mejoras hacia la industria minera y sus proveedores. Toda modificación que se realice y atente con la seguridad jurídica de un emprendimiento minero, atenta, en definitiva, contra la estabilidad de los proveedores”.

Julio Ríos Gómez

Geólogo. Titular de GEMERA, Grupo de Empresas Exploradoras de la República Argentina.

El sistema actual

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“Las obras que se está encarando en municipios como los de Iglesia y de Jáchal gracias a los aportes provenientes de las regalías, tanto a nivel provincial como a nivel municipal. La minería se da mayormente en lugares alejados y la regalía es una compensación para mejorar infraestructura y servicios”.


“Haber bajado del 33% (Ley 7105) al 20% el aporte al municipio poseedor del recurso (Ley 7281)”.

El nuevo proyecto

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“Disponer del 20% del 70% que le correspondió al Estado luego de la Ley 7281 para que llegue a todos los otros municipios de la provincia que no poseen el recurso productor”.


“No haber sido planteado en la oportunidad al modificar la Ley de Regalías original del año 2002, la 7105. La ley no tendría que haber afectado derechos adquiridos para los municipios que ya tenían proyectos en producción o factibilizados”.

¿Hay que hacer cambios?

“Creo que se deber ser cuidadoso con estos temas y no plantear modificaciones cada dos/
tres años. De todos modos valga la salvedad que esta propuesta de modificación la vemos acertada, aunque debió ser pensada en el momento de la anterior modificación
A nivel provincial creo que no deberían realizarse más cambios luego por supuesto de esta última propuesta, de la cuál se ha manifestado el total acuerdo de GEMERA para ello”.