Una escombrera minera ubicada a 4.000 metros de altura y en plena cordillera de Los Andes ocupa un rol protagónico en la disputa legal que desde hace varios meses mantienen Antofagasta Minerals, a cargo de Minera Los Pelambres en Chile, y Glencore, la operadora de proyecto El Pachón en Calingasta. Al cierre de esta edición se oficializaba a Ricardo Gil Lavedra como el representante legal de Minera Los Pelambres, ante la denuncia que recibió en la Justicia Federal por posible contaminación en terrenos de proyecto El Pachón tras el armado de una escombrera de 50 millones de toneladas de estériles.
El conflicto legal comenzó en 2014, cuando El Pachón demandó a Los Pelambres porque entre 2004 y 2011 utilizó como botadero de estériles (rocas con bajo o nulo contenido de mineral) una zona en territorio argentino. La escombrera en cuestión tiene 1.6 kilómetros de largo, por 600 metros de ancho, por 70 metros de alto y fue abandonada en el año 2011.
Desde el lado chileno argumentaron que habían depositado ese material en la zona porque los límites internacionales no estaban claros al momento de armar la escombrera y que por este motivo el 30% de la misma quedó en territorio argentino.
Durante marzo pasado, el juez civil Miguel Gálvez aceptó una medida cautelar interpuesta por Glencore para que Los Pelambres retire los escombros sin tratamiento, ante el riesgo ambiental que implica su presencia. Como no hubo respuesta, la firma además realizó una denuncia penal en la Fiscalía Federal a cargo de Leopoldo Rago Gallo por los delitos de usurpación, usurpación de aguas e infracción a la ley de residuos peligrosos. El magistrado resolvió avanzar con la investigación y esto podría derivar en el pedido de indagatoria a la plana jerárquica de Los Pelambres. Para la minera chilena, los tribunales argentinos no tienen jurisdicción. El problema se origina en la ausencia de trazado físico al momento de construir el botadero y eso debe abordarse a través de los instrumentos con que cuentan ambos Estados.
Por otro lado y la línea argumental que ha sostenido Los Pelambres en su defensa, la solución no sería judicial y pasa por determinar un plan de cierre del botadero que debe ser acordado por ambos Estados, porque involucra los tratados mineros y la relación fronteriza entre ambos países. Por su parte el gobierno chileno a través de su Cancillería aclaró que la situación constituye un tema entre empresas particulares y por tanto no es su responsabilidad.