Recientemente y en virtud de la gran historia de pasivos ambientales mineros que registra la provincia norteña de Jujuy, el diputado provincial Pablo Baca (UCR) impulsó un proyecto legislativo para abordar esta problemática. La finalidad principal es evitar la constitución de nuevos pasivos que puedan afectar el medioambiente y la salud.
“El proyecto sobre pasivos mineros apunta a constituir una herramienta que permita atender no sólo los daños producidos, sino también debe poder acudir ante eventualidades que se produzcan en el futuro”, subrayó el legislador, quien preside la Comisión de Ecología y Medio Ambiente del parlamento jujeño.
El nuevo proyecto establece la identificación de los pasivos ambientales de la actividad minera, de sus responsables y obliga a tomar medidas necesarias para que cumplan con la remediación de los daños ocasionados. Además el nuevo texto legislativo establece que sólo en los casos que no fuese posible establecer responsabilidades, el Estado tendrá a su cargo la remediación ambiental.
En caso que hubiere minas en las que no se desarrollen operaciones, el proyecto indica que habrá que llevar a cabo un plan de cierre. Además prevé sanciones para el caso de incumplimiento y aspira a que se brinde participación a la sociedad civil para el cumplimiento de sus objetivos.
“En la provincia de Jujuy ha transcurrido una larga historia de generación de daños ambientales por parte de la actividad minera, que han sido producidos ante la ausencia de una normativa que se ocupe de la prevención y reparación del medioambiente. La reforma constitucional y los tratados internacionales incorporados con rango constitucional, han impulsado un nuevo marco jurídico que en materia ambiental obliga a la prevención de problemáticas que alteren el ambiente y a la reparación de los perjuicios provocados que pudieran afectar los derechos de las comunidades a vivir en un medioambiente sano”, dijo Baca.
El legislador mencionó entre los pasivos ambientales provocados por la minería, los referidos en trámites radicados en la Unidad Fiscal de Investigación de Medio Ambiente (UFIMA), por comunidades indígenas de la Puna. Entre dichos pasivos, citó los de Mina Providencia, Mina Loma Blanca, Mina Pan de Azúcar, Mina Chinchilla, Mina Bélgica, Mina La Pulpera, Mina Alejandra, Mina San Marcial y Mina Santa Rosa, entre otros. Y mencionó como el caso paradigmático el de la ex fundidora de plomo situada en Abra Pampa, Metal Huasi, que afectó el equilibrio ambiental y provocó daños sanitarios.
Pero además Pablo Baca recordó que “existen 36 perforaciones en el Parque Nacional Calilegua” y advirtió que “la situación del pozo E3 que actualmente contamina el Parque puede repetirse en otros 20 pozos abandonados pues no tienen el sellado correspondiente para no correr el riesgo de urgencias”. Uno de los elementos fundamentales e innovadores del proyecto presentado es la obligatoriedad que recae sobre el Estado en materia de garantizar la participación de terceros y de la sociedad civil en acciones que colaboren a la identificación y recomposición de pasivos mineros.