En octubre ya estará reglamentada la nueva ley que establece la designación de un “Procurador en materia ambiental minera” que represente a las comunas en las tareas de inspección que hace el Ministerio de Minería. Esto significa que en un mes los municipios ya podrán definir a quien se desempeñe como procurador, es decir, quien cumpla el rol de representante comunal directo en el control de la actividad. Este representante acompañará a las autoridades de Minería en sus inspecciones, podrá opinar al respecto, pero no estará habilitado en cuanto a la toma de decisiones. Sí estará entre sus obligaciones el de informar al intendente, concejales y miembros de su comunidad al respecto, a la vez de elaborar un informe escrito sobre las tareas de control realizadas y las condiciones en las que se encontró al yacimiento. Así lo establece la Ley Nº 1600-P ya en vigencia tras su reciente publicación en el Boletín Oficial, luego de su aprobación el 1 de junio pasado. “Ahora lo que resta es su reglamentación por parte de la autoridad de aplicación que es el Ministerio de Minería, serían decretos reglamentarios de algunos artículos por lo que más de un mes no debería tardar”, precisó Jorge Espejo, diputado por Iglesia y quien promovió el proyecto en la Legislatura.
Los artículos a los que hace referencia el funcionario son el art.2 referido a los requisitos de quien se desempeñará como procurador: “La persona a designar deberá contar con título habilitante en materia minera o ambiental y deberá cumplir con los requisitos que establezca la reglamentación que al efecto dicte la autoridad de aplicación”, dice el artículo y que según adelantó Espejo, podrá ser bastante similar a lo que se exige para ser inspector de la Policía Minera. El art.5 es el otro en cuestión, referido a su ámbito de actuación, puntualmente la zona de influencia. “El ámbito de actuación del Procurador Municipal, será en los yacimientos situados en la jurisdicción departamental a la que representan y en la zona de influencia. La zona de influencia será determinada por la autoridad de aplicación”, dice el artículo.
“Este es un aspecto muy importante, porque determinada la zona de influencia quedará definido qué zonas son las que pueden contar con un procurador, este sería el caso de Jáchal, que es zona de influencia de Veladero que se encuentra en Iglesia. Jáchal tuvo una participación importante cuando presentamos el proyecto de ley por el interés de la comunidad en saber cómo se controla además de contar con información de primera mano”, explicó Espejo.
No es un dato menor la mención a Veladero, porque los tres incidentes ocurridos en la mina propiciaron y agilizaron la aprobación de esta ley. “Cuando ocurrió el primer incidente de Veladero, la gente se enteró por un whatsapp y después fue complejo y confuso ir siguiendo la información, incluso los funcionarios de la comunidad no contaban con datos precisos. Este tema estaría saldado con un representante comunal que acompañe a las autoridades tanto para la inspección, como cuando ocurren hechos de estas características, que por supuesto esperamos no se repitan”, precisó la fuente.
La tarea de supervisión medioambiental de la actividad minera está a cargo de la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero y hasta la aprobación de esta flamante ley los municipios no contaban con participación directa en las actividades de control del organismo. Con los últimos hechos producidos en la mina Veladero, justamente ubicada en Iglesia, el departamento al que pertenece el legislador que promovió la actual ley, creció el interés por contar con un representante que siga de cerca la actividad.
Dependencia municipal
El procurador municipal en materia ambiental minera será un empleado de cada comuna, por lo cual sus funciones no serán remuneradas por el Ministerio de Minería. De acuerdo a Espejo, es de esperar que estos funcionarios provengan de las áreas que en los municipios tengan que ver con medioambiente o vinculados.
Cinco son los departamentos que contarán con este representante tales como Iglesia, Jáchal y Calingasta, con explotaciones de minería metalífera, y Sarmiento y Albardón, con producción calera; ya que de acuerdo al texto de la nueva ley, el ámbito de actuación del procurador “será en los yacimientos situados en la jurisdicción departamental a la que representan”.