La eliminación de las retenciones a las exportaciones de granos no tendrá ningún impacto fiscal ni producir un déficit en la recaudación del Estado, si la medida se complementa con iniciativas "realistas y modestas" que, al mismo tiempo, no provocarían un aumento de la pobreza, según una propuesta surgida de un estudio encomendado por el Foro de la Cadena Agroindustrial a un equipo académico de la Universidad Nacional de La Plata, integrado, entre otros destacados economistas, por Alberto Porto, Julio Nogues, Cesar Ciappa y Alejandro Onofri.
Los resultados de la investigación y la nueva propuesta fueron presentados el pasado martes 10 de Noviembre ante más de 500 dirigentes y empresarios agroindustriales del país, en la Sexta Jornada de la Cadena Agroindustrial Argentina, desarrollada en la Ciudad de Rosario y donde Suplemento Verde de Diario de Cuyo concurriera como invitado especial.
$36 mil millones
Para elaborar el informe, Porto explicó que "se tomó como base de cálculo los 36 mil millones de pesos recaudados por el Estado en 2008 por derechos a las exportaciones".
Los derechos a las exportaciones de la cadena agroindustrial -cuarta fuente de ingresos del Estado después de IVA, Ganancias y Seguridad Social- representan casi el 50 por ciento de esos 36 mil millones recaudados en 2008 y equivalen al 6,6 por ciento de la recaudación tributaria nacional y el 1,7 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI).
Para Porto, hay "cuatro vías" para compensar la eliminación de las retenciones: "Dos corresponden al sector público, compartido con el sector privado, de disminuir la evasión y aumentar la eficiencia del gasto público. Un objetivo muy realista y modesto es aumentar 1,5 por ciento la recaudación y la eficiencia del gasto que implique una baja del 1,5 por ciento".
"En sustitución de las retenciones, tendría que implementarse algún impuesto alternativo. Los candidatos que han aparecido con más firmeza en los últimos tiempos es un impuesto a la renta potencial de la tierra, o bien una combinación de un impuesto a la tierra con algún impuesto a la primera venta que realice el sector", indicó.
Porto dijo que "el cuarto punto sería el reordenamiento de la relación entre la Nación y las provincias". La Nación perdería unos 17.700 millones, pero recuperaría 7.900 mejorando la recaudación un 1,5 por ciento. Las provincias percibirían 3.900 con el impuesto a la renta potencial de la tierra y 5.300 por recaudación impositiva.
Con ese flujo a las arcas provinciales, la Nación evita entregarles 9.000 millones: cubre la pérdida originada por la eliminación de las retenciones y, como no precisa enviarle recursos que distribuye discrecionalmente a las provincias, goza de un remanente de 6.000 millones para compensar con bonos alimentarios el aumento del precio de los alimentos. "Es un objetivo muy realista y modesto", afirmó Porto.