El 12 de marzo de 2008, en la ciudad de Córdoba, el sector agroindustrial argentino presentó una vez más sus propuestas para el desarrollo estratégico de nuestro país, basado en estudios e investigaciones de prestigiosos equipos técnicos, académicos y el asesoramiento de economistas. Generador de 4,5 millones de puestos de trabajo o 36% de los empleos del país, 56% de las exportaciones y 80% del volumen de cargas, hombres y mujeres del agro propusieron, entre otros puntos, las siguientes políticas públicas:
* Contribuir al establecimiento de un sistema tributario más justo que posibilite una distribución equitativa de la carga fiscal, estimulando el crecimiento de la producción y la creación de la riqueza.
* Establecer una misma política cambiaria para todas las actividades. Es imprescindible para ello eliminar gradualmente los derechos de exportación y mientras esto se logre, segmentarlas.
* Jerarquizar el Impuesto a las Ganancias, generalizándolo a todas las actividades lucrativas, como eje de la recaudación fiscal coparticipable.
* Diseñar una política de incentivos para los productores de ganadería, de lechería, de granos y de economías regionales, basada en beneficios impositivos y en líneas de crédito que contemplen la naturaleza de la actividad y ciclos productivos.
* Impulsar políticas para el uso sustentable de los suelos y la reposición de sus nutrientes.
* Dejar sin efecto los controles o acuerdos de precios y transparentar la cadena de comercialización.
* Evitar todas las medidas que entorpecen la exportación.
* Terminar con las prácticas clientelistas y las políticas que fomentan la concentración de la riqueza.
* Eliminar los subsidios distorsivos. Nueva Ley de Emergencia Agropecuaria, con fondo específico propio.
* Invertir en caminos, vías férreas, puertos, energía, comunicaciones y en la infraestructura básica que promueva el bienestar en los pueblos del interior. Los principios enunciados en el documento, no agotan las propuestas consideradas necesarias, pero señalan una dirección en el marco de la constitucionalidad imprescindible. No se agota en decir todo lo que se puede y debe decir sino en compartir con todos, mediante el diálogo y el debate, lo que no se debe olvidar.