La medida estipulada por la Resolución 3.252 aplicada a todo importador que pretenda ingresar cualquier tipo de mercadería al país según lo publicado en el Boletín Oficial del pasado 11 de enero, entraría en vigencia el 1 de febrero, afectando en el caso de San Juan a la agroindustria que importa insumos y maquinarias, la minería, la industria y por supuesto, el consumidor común.

Ya según despachantes de aduana locales consultados importar exige un esfuerzo sobre humano profesional y empresario. Sólo cabe mencionar que para el Estado, "que corre con el caballo del comisario", una importación insume no menos de 4 a 6 meses de demora por las exigencias aduaneras nacionales.

En el caso del sector bancario varias entidades se negaron a girar divisas al exterior para cumplir con el pago de importaciones a la espera de que se aclare el panorama. En el ámbito de las empresas la Cámara de Exportadores de la república Argentina -CERA- conducida por Enrique Mantilla, solicitó la suspensión de la misma.

Según se entiende en la resolución, este mecanismo que fijará la AFIP, obliga a cada uno de los más de 10.000 importadores registrados en la Aduana a presentar una declaración jurada tanto para ingresar desde bienes terminados para consumo como insumos para la industria.

El punto más criticado es que las DJAI deberán ser tramitadas antes de que los empresarios realicen la orden de compra en el exterior.

El Gobierno obtiene así una "trazabilidad" total de cada operación ya que, cuando un empresario quiera oficializar una importación, el propio software de la Aduana (el sistema MARIA) le requerirá el número de DJAI para permitirle avanzar con el trámite.

Es decir que para poder encargar cualquier producto fronteras afuera, el empresario debe tener el visto bueno del Gobierno en un plazo que no debería exceder los 15 días.

Si bien incluso el formulario es aún confuso, se exigirían el tipo de producto que se desea traer, cantidades, precios, quién es el proveedor, desde qué Aduana partirá en el exterior, compañía naviera, entre otros y que además debe ser autorizada por la Secretaría de Comercio Interior.

Desde el Gobierno por ahora se han comprometido a aclarar el tema en el ámbito del Consejo Consultivo Aduanero.