Luego de intensas negociaciones, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) San Juan levantó el paro de 48 horas que había sido convocado para el miércoles 12 y jueves 13 de marzo. Para lograr la desactivación de la medida de fuerza fue clave la intervención del Gobierno provincial que aportó 280 millones de pesos para que los sanjuaninos cuenten con el servicio de transporte. Así lo manifestó en rueda de prensa este miércoles la ministra de Gobierno Laura Palma quien aclaró que el Estado cubrirá el retroactivo del mes de febrero y ATAP se hará cargo de la deuda de los meses anteriores en cuotas.
“Siempre tenemos un Gobierno de mucho diálogo, lamentamos que el usuario quede de rehén de estas situaciones cuando es el único perjudicado, los temas salariales los tiene que discutir ATAP con sus empleados, con el gremio pero estamos felices que se haya podido llegar a un acuerdo, desde el Gobierno de la provincia hemos hecho un esfuerzo acompañando este retroactivo desde febrero, y ATAP se haría cargo de la deuda de los meses anteriores en cuotas”, expresó la ministra quien aclaró que se trató de un aporte de 280 millones de pesos para cubrir febrero, mientras que ATAP deberá abonar la diferencia de noviembre, diciembre y enero.
“Vamos a defender a los sanjuaninos en el primer lugar, en segundo lugar el segundo eslabón más débil de esta cadena son los choferes, nosotros no estamos en contra de los trabajadores todo lo contrario, queremos que los gremios y las empresas puedan dialogar y ponerse de acuerdo sin afectar a los sanjuaninos”, manifestó la funcionaria.
Según el comunicado del gremio emitido el martes por la tarde, encabezado por el secretario general Marcelo Maldonado, el acuerdo contempla “el reconocimiento y pago de la mala liquidación del mes de febrero”, lo que destrabó el conflicto y permitió garantizar la prestación del servicio con normalidad.
El anuncio se dio luego de que la Subsecretaría de Trabajo advirtiera que la medida de fuerza era ilegal por no acatar la conciliación obligatoria dictada días atrás. Desde el organismo, su titular Franco Marchese había adelantado que podrían aplicarse multas al sindicato y a las empresas si el paro se concretaba.