Actualmente está vigente la Ley 7862 (que adhiere a una ley nacional que fija un techo y las provincias regulan cuánto), que establece que las regalías de cada proyecto se calculan según el 3% sobre el valor de boca mina “del mineral extraído, transportado o acumulado y previo a cualquier proceso de transformación”. El reparto se hace en un 70% para rentas generales de la Provincia, el 20% para el municipio donde se encuentra la mina y el 10% restante para la Dirección de Minería.
Pero no siempre el sistema fue así. Ya hubo un recorte: hasta noviembre de 2007, al municipio le tocaba el 33%, a la Provincia el 55% y a la Dirección de Minería el 12%.
El año pasado, desde el bloque basualdista, Armando Campos propuso crear un fondo para obras públicas con un 50% las regalías, un 20% a los municipios mineros, otro 20% al resto de los departamentos y el 10 % restante a la Dirección de Minería.
