"En un par de días conseguimos lo que buscábamos en años", graficó Viviana Meglioli, directora de Niñez, Adolescencia y Familia. Se refirió a la marcha "Ni Una Menos", a la visualización que tuvo la violencia de género en la sociedad y las implicancias que surgieron a nivel judicial y legislativo.
En una de las ya tradicionales mesas redondas convocadas por DIARIO DE CUYO, representantes de diferentes agrupaciones civiles, del Gobierno y de la Justicia hablaron sobre la problemática. Pese a sus diferencias, coincidieron en mantener la lucha para que la concientización social y el avance en cuestiones legales se concreten y se sostengan en el tiempo, para no ser simplemente una reacción a una movilización masiva.
Los integrantes de la mesa redonda estuvieron de acuerdo en que a pesar de las divisiones que hubo, la marcha del miércoles pasado (que se desarrolló al mismo tiempo en todo el país) permitió visibilizar de forma masiva la violencia de género y trajo aparejado dos importantes avances. Es que un día después, el Poder Legislativo local creó el Concejo Provincial de Protección Integral de la Mujer y "fortaleció" la aplicación en toda la provincia de la ley 26.485, que promueve protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Y paralelamente, el Poder Judicial de San Juan anunció la creación del Registro de Causas Judiciales de Violencia Doméstica y el acceso al Sistema Intermedio de Registro de Datos de Violencia Intrafamiliar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
"Sin dudas que hubo un avance. Pero con respecto a la ley 26.485, ahora la clave es el financiamiento y el control. Si no está el financiamiento para sostener las acciones que promueve, es letra muerta. Tiene que haber un respaldo económico para la asistencia de la mujer, para su contención y también para las personas que desde hace años trabajan al lado de las víctimas. Hace falta financiar campañas y que la sociedad siga sensibilizándose. Éste es el momento", dijo Perla Werner, del Movimiento Mujeres Sanjuaninas.
En una postura similar se mostró Ricardo Alvarez, de la Asociación Familiares de Víctimas de la Impunidad. "Hace un tiempo hubo también una reacción de la sociedad ante casos de violación. Como respuesta, el Estado anunció la creación de un Registro de Violadores, pero nunca se concretó. Si no hay un respaldo y decisión política, las leyes quedan en enunciados", expresó.
"Lo que debemos hacer ahora es tratar de conseguir una política sostenida de sensibilización y capacitación en todos los poderes del Estado. A nivel nacional es importante el rol que cumplen las oficinas de violencia doméstica y de la mujer en la Justicia, mientras que es valiosa la decisión de crear el Registro de Causas Judiciales de Violencia Doméstica en San Juan. Pero será más importante aún no quedarse en la decisión; sino concretarlo y hacerlo en los plazos previstos, que son 15 días", apuntó la jueza Alejandra Dománico.
EN DEUDA
Para sostener avances en el tiempo, en la mesa redonda hicieron hincapié en la necesidad de capacitación y formación de todos los integrantes de las áreas ejecutivas, judiciales y legislativas. "Es imperioso capacitar. A mí me preocupa que aún sigamos mezclando la violencia familiar con la de la mujer. Me preocupa que una mujer que denuncia violencia sea revictimizada en la Policía o en la Justicia porque los policías, los abogados o algunos jueces no tienen una formación adecuada", señaló Meglioli.
"También nos falta una defensa pública accesible en todo el territorio provincial. Es que salvo Gran San Juan y Jáchal, el resto de los departamentos aún no cuenta con esa posibilidad de acceso público a la Justicia", aportó por su parte Dománico.
"A su vez generan una profunda preocupación los tiempos. Creo que hemos logrado avances, pero es una deuda que las políticas se van estirando y no logran concretarse en hechos", dijo María Arroyo, del Foro No a la Trata.