Actualmente hay entre 1.000 y 1.200 efectivos de la Policía de San Juan que realizan trabajo extra durante sus días de franco en la provincia, es decir, que cumplen servicio adicional de custodia. De ellos, el 80 por ciento desarrolla la actividad en el ámbito privado y el 20 por ciento restante, o sea unos 250, realiza sus tareas extra en reparticiones públicas y, por ende, cobran aparte. Así, el Estado termina pagando por un servicio de seguridad que ofrece a sus propias reparticiones. Según dicen las autoridades, el motivo por el que se tiene que trabajar de este modo es que no hay policías suficientes para cubrir este tipo de tareas y lo que se prioriza así es la seguridad en las calles.
El tema del sistema de adicionales salió a la luz en los últimos días por problemas de seguridad en dos hospitales públicos de la provincia. Uno fue el del Hospital de Niños Juan Carlos Navarro, que estaba custodiado por dos efectivos que desaparecieron de un día para otro. Semanas después, el ministro de Gobierno, Emilio Fernández, dijo que la custodia no volvería porque el Hospital Rawson tiene 10 uniformados que son suficientes para custodiar ambos centros. Por otra parte, el Hospital César Aguilar, de Caucete, se quedó sin el oficial que cumplía el servicio adicional y, después de que el centro sufriera tres robos importantes, la custodia se reanudó. El director, Roberto Villamayor, explicó que la suspensión de la custodia se debió a que, por puro desconocimiento, no habían solicitado la continuidad del servicio a principios de año.
El jefe de la Policía de San Juan, Miguel González, comentó que "el sistema de adicionales tiene el objetivo de prestar una función especial de seguridad ya sea a personas físicas o jurídicas, que lo soliciten". Esto se hace y se cobra aparte, por afuera de las tareas habituales de la Fuerza pública. E indicó que esta actividad se puede prestar en el sector privado, ya sea a particulares, que utilizan el servicio por ejemplo para las custodias de fiestas, como a todo tipo de empresas, como boliches, comercios y constructoras. Inclusive el control en las canchas de fútbol se realiza con este tipo de servicios. Por su parte, el servicio que se presta bajo el sistema de adicionales a las entidades bancarias y financieras se denomina transporte de valores, y también pueden acceder los particulares.
Además, se ofrece a entidades del Estado que deben pagar a la Policía para que los custodien, aún cuando se trata de un servicio esencial público. "El trabajo de adicionales en el ámbito público existe por ley desde hace menos de 10 años. Esta actividad se utiliza porque no hay suficientes efectivos para cubrir la demanda policial que existe. Lo que se busca es priorizar la seguridad pública en las calles y barrios y maximizar la función del recurso humano con el que cuenta la Policía", explicó González.
Según la reglamentación, la fuerza policial tiene la obligación de brindar el servicio de adicionales a las entidades bancarias y financieras, ya que es una exigencia del Banco Central; y a la administración pública, ya que este sector tiene prohibido recibir custodia privada. El jefe de Policía detalló que "actualmente utilizan el servicio el Ministerio de Salud Pública, en hospitales y centros de salud; el de Educación, en algunas escuelas; y la Secretaría de Hacienda y la Dirección General de Rentas, que tienen movimiento de valores".
Además, hay instituciones públicas que tienen seguridad mixta. Es el caso, por ejemplo, del Hospital Guillermo Rawson, que de los 10 efectivos con los que cuenta, 4 son adicionales contratados por el Ministerio de Salud Pública y 6 son personal que está en servicio fijo para la Fuerza.
La función de adicionales sólo puede ser desarrollada por personal de la Policía en sus días de franco. La actividad se divide en periodos de cuatro horas. Los periodos diurnos, que van de 6 a 22, tienen un costo de 30,25 pesos y los nocturnos, que se desarrollan de 22 a 6, cuestan 36,30 pesos. El costo es el mismo para cualquiera que contrate el servicio, es decir que, tanto una escuela como un boliche, pagan lo mismo para recibir la seguridad. Y del dinero que se cobra por el servicio, el 95 por ciento es para el efectivo y el 5 por ciento restante queda para la Fuerza, que lo utiliza para mantenimiento y renovación del equipamiento.
González comentó también que, en los últimos tiempos, la demanda de adicionales ha crecido considerablemente en la provincia, sobre todo desde las empresas mineras, que solicitan alrededor de 30 oficiales diariamente. La incidencia fue tal que la situación obligó a la Fuerza a tener que rechazar algunos pedidos de custodia del sector privado, por falta de personal.