Antes del 2005, ninguna aseguradora protegía la salud de los trabajadores estatales ante eventuales accidentes laborales. Sólo estaba vigente el decreto 2.456 firmado el 31 de diciembre de 1997 durante la gestión del entonces gobernador Jorge Escobar, que estableció la figura del ‘régimen de autoseguro’ en donde en caso de accidentes se recurría al sistema de Salud Pública.

Pero la posibilidad que las víctimas recurran a acciones judiciales quedaba permanentemente latente.