Aunque en febrero pasado, después de la última rotura, que tuvo lugar el 17 de ese mes, desde OSSE se dijo que no tenían pensado recurrir a la Justicia porque preferían una “solución más rápida”, para acordar con las empresas, ahora el discurso cambió. Ayer, Adrián Cuevas, titular de la repartición, dijo que ya hicieron una presentación judicial ante el Juzgado Contencioso Administrativo a cargo de la jueza María Josefina Nacif.
La presentación no es contra nadie en particular, sino para determinar judicialmente quién fue la parte que no trabajó correctamente, explicó el funcionario.
En la mira están el fabricante de los caños, que es Plastiferrro, el proveedor en la provincia, que es PVC San Juan, y la empresa encargada de la colocación, Menin Construcciones.
Según dijo Cuevas ayer, entre las 3 partes hay acusaciones cruzadas. Plastiferro y PVC San Juan sostienen que el problema estuvo en la colocación, es decir que la que debe afrontar los costos adicionales de arreglar las roturas es Menin, y la constructora declara que el problema está en las cañerías y que el proveedor y el fabricante deben hacerse cargo.
Por eso la presentación apunta “a tener una prueba anticipada”, explicó Cuevas y una vez determinado el responsable accionarán contra esa empresa.
Según detalló el funcionario, el juzgado ha pedido la intervención del Centro de Ingenieros de San Juan para designar los peritos que deben actuar. Son ingenieros químicos, especialistas en suelos y electromecánicos. “Hay que designarlos judicialmente y que realicen las pericias pertinentes. A partir de ahí se van a iniciar las acciones judiciales al responsable”, dijo Cuevas.
En el medio hay un informe del Instituto de Materiales y Suelos de la UNSJ que el año pasado determinó luego de una serie de pruebas que el caño era “frágil” ante el estiramiento y que se rompía cuando era sometido a pruebas de presión. Pero Plastiferro objetó el informe y pidió hacer su propia investigación.
