Un hombre preso, otro que es intensamente buscado, una mujer en la mira y una cuantiosa suma de dinero en juego. Ese es, por ahora, el saldo de una causa penal en la que se investiga una estafa de casi 6 millones de pesos contra la Caja Previsional MOB, que nuclea a 3.000 profesionales de la salud. El detenido es odontólogo y según fuentes judiciales, cometió una serie de maniobras ilegales para que la institución desembolsara un monto en dólares equivalente a más de 7 millones de pesos por un terreno que en realidad costó 1,4 millones. La diferencia se sospecha que fue a parar a los bolsillos de él y de otras personas que también habrían participado del delito, entre ellas una escribana.
Los hechos sucedieron en el año 2011, cuando la Caja Previsional de Médicos, Odontólogos y Bioquímicos (MOB) era conducida por Pedro Terentí. Pero fueron denunciados en marzo de este año por la nueva gestión, la que encabeza el médico Carlos Domínguez, al toparse de casualidad con las irregularidades. Y recién salieron a la luz públicamente el jueves en la noche, horas después de que fuera detenido el odontólogo Luis Minin como el principal sospechoso de la estafa que se investiga.
La historia comenzó cuando la antigua conducción decidió buscar un terreno para construir viviendas para sus asociados. Para hacer el trámite, armó una comisión especial y entre otros, designó como miembro de la misma a Minin. Según dijeron ayer las fuentes, éste último junto a Walter Orellano se contactaron a principios de octubre de 2011 con una persona de apellido Cosentino, que vendía un terreno de 16 hectáreas y 3.428 metros cuadrados en Santa Lucía a un valor de 260 mil dólares (1,4 millones de pesos)
Las fuentes contaron que Orellano le pidió a Cosentino que le firmara un poder para comercializar el terreno. Y que una vez que lo obtuvo, presentó una nota en la Caja ofreciendo el inmueble a 1,3 millones de dólares (7,1 millones de pesos). Es decir, 5 veces más de lo que pedía el propietario.
Terentí, afirmaron las fuentes, antes de viajar por cuestiones personales a Buenos Aires, sugirió no adquirir el terreno porque estaban por terminar el mandato. Sin embargo, contaron que durante su ausencia se aprobó la compra.
Lo cierto es que, de acuerdo a lo que surgen de las pruebas aportadas en la causa, el 27 de octubre se llevó a cabo una reunión en la escribanía Carchano para concretar la operación. Se juntaron el tesorero de la Caja, de apellido Fernández, la escribana Marta Casavega de Merlo (aparentemente amiga de Minin) y Orellano y firmaron un boleto de compraventa, acordando un primer pago de 650 mil dólares que se hizo en el momento.
Paso seguido, siempre en función de lo que dicen en Tribunales, Orellano se reunió con Minin y le dio 260 mil dólares para que se los entregue a Cosentino. Se encontraron en un banco y cuando el vendedor iba a depositar el dinero, le pidieron que acreditara la operación a través de un boleto de compraventa. Fue ahí que Minin habría llamado a Casavega para buscar una solución.
Finalmente hicieron un boleto de compraventa por el valor real del terreno y Cosentino pudo hacer el depósito. Lo irregular es que hay dos instrumentos por una misma operación, lo que terminó por dejar rastros clave para la investigación.
Las fuentes afirmaron que en el documento hay una corrección y que la realizó Casavega en ese mismo momento. Y que Minin se hizo pasar por otro profesional y le falsificó la firma en el boleto de compraventa.
A la semana, el terreno fue escriturado a nombre de la Caja MOB y en la escribanía Carchano se hizo el segundo pago. En definitiva, la institución puso a valor actuales 7,1 millones de pesos y Cosentino recibió 1,4 millones que pedía por el terreno. Los otros 5,7 millones se presume firmemente que se repartieron entre los que participaron de la estafa y tanto Minin, como Orellano y Casavega están apuntados por la Justicia.
Minin fue detenido en su domicilio el jueves y continúa preso. Sobre Orellano pesa un pedido de arresto, pero la Policía no pudo localizarlo. Ayer al mediodía llegó un dato sobre su supuesto paradero y el titular del Juzgado de Instrucción Nº 4 ordenó allanar una casa en Santa Lucía, pero no había novedades. Y Casavega se espera que sea llamada a dar una declaración informativa la semana próxima. A partir de las pruebas y los nuevos testimonios que se tomarán, en la Justicia no descartaron encontrar nuevos implicados.
Una párrafo aparte merece cómo fue que la nueva conducción de la Caja MOB se enteró de lo que había pasado. Cosentino fue a hacerse atender con Domínguez y éste último le preguntó si era el dueño del terreno. Le dijo que sí, se pusieron a hablar y surgió lo que había cobrado. El médico, que le llamaba la atención lo que en su momento pagó la institución, decidió entonces hacer la denuncia.