En pleno aislamiento obligatorio hubo comercios que, pese a que sus actividades no están exceptuadas, convocaron a sus trabajadores a cumplir tareas. Pero la movida le salió cara a uno de los dueños de Maxi Brant, Isaías Gabriel Brant, y al supervisor de la empresa textil Soberano, Jorge Sukerman. Ambos recibieron una condena de 8 meses de prisión en suspenso en el procedimiento de Flagrancia, una carga penal en sus antecedentes que, en el caso de que volviesen a cometer cualquier delito, los conducirá a la cárcel. El primero, además, deberá pagar mil pesos por los gastos del juicio y donar 40 mil pesos en insumos al Hospital Rawson, mientras que el segundo deberá realizar tareas comunitarias en el municipio de Rawson y desembolsar 50 mil pesos como "reparación".
No son los únicos, ya que también quedó en la mira Ángel Soberman, el propietario de la textil Soberano, quien dio la orden para que los empleados fueran a trabajar, señaló el fiscal Iván Grassi. Como no fue localizado mientras se llevó a cabo el operativo policial, el empresario quedó fuera del sistema de Flagrancia, pero el representante del Ministerio Público pidió que su expediente sea enviado al fiscal Correccional de turno (punto al que accedió el juez Ricardo Grossi) para que evalúe si debe abrir la investigación en su contra por fomentar el incumplimiento al aislamiento. El otro que se encuentra bajo la lupa es Sergio Vallejo, dueño de Zonda Safety Gear, quien no pudo justificar por qué unos 30 operarios se encontraban trabajando en un galpón de su propiedad. El empresario no llegó a un acuerdo de juicio abreviado, por lo que será juzgado el viernes de la semana que viene. Hasta tanto, permanecerá en prisión preventiva en su hogar, tras un pedido del fiscal Ignacio Achem y la decisión del juez Eduardo Raed.
El procedimiento de Flagrancia, el enjuiciamiento exprés contra personas que son detenidas mientras cometen un delito, tiene bajo su campo de acción los incumplimientos al aislamiento obligatorio, luego de una iniciativa del Ejecutivo que tuvo el OK Legislativo. Así, desde el inicio de la cuarentena, ha venido juzgando a los distintos infractores (ver aparte).
En el caso de los comercios, todo estalló el miércoles. El directivo del Sindicato de Empleados de Comercio, Miguel Ángel Funes, les manifestó a policías de la Seccional Segunda que en calle Tucumán 73 Norte se encontraban empleados en un depósito de indumentaria. Los uniformados constataron que había unas 18 personas, que se encontraban bajo la supervisión de Sukerman, quien cumple la misma tarea en el local Las Tres B, N1 y de la firma Soberano, según consta en el expediente. Como la actividad no está exceptuada del aislamiento, el supervisor fue juzgado como el responsable del incumplimiento, mientras que Soberman podrá ser investigado por el Juzgado Correccional de turno debido a que fue el que dio la orden para que los trabajadores fueran a cumplir sus tareas, explicó el fiscal Grassi. A su vez, en Tucumán 114 Norte fue detenido Brant, quien llegó al depósito en el que estaban unos 15 operarios ordenando y contabilizando productos textiles, señalo el fiscal Adrián Riveros. Y Vallejos fue apresado en Rawson, en el galpón en el que funciona su empresa, en la que se encontraban trabajando unas 30 personas.
Diputados
En sesión extraordinaria, los legisladores aprobaron la incorporación de los delitos vinculados a la violación al aislamiento y la desobediencia a un funcionario para ser juzgados en Flagrancia.
Costas
El Ministerio Público Fiscal impulsó la imposición de costas a los condenados, esto significa que deberán hacerse cargo económicamente del pago de parte del proceso judicial.
Movilidades
La Fiscalía General, liderada por Eduardo Quattropani, dispuso el secuestro de las movilidades de las personas que violan la cuarentena para que sirvan como garantía en el pago de costas.
Estadísticas
Hasta ayer, la cantidad de imputados por incumplir el aislamiento eran de 308. De ese total, 253 ya fueron condenados: 227 con una pena condicional mientras que 26 con una sentencia efectiva.
Probation
Quattropani bajó línea a los fiscales para que quienes no cumplen con el aislamiento no tengan la posibilidad de pedir una probation, ya que se trata de una infracción contra el interés general.
Desde el exterior
Un caso resonante fue el del empresario Andrés Icazati, quien violó la cuarentena luego de su regreso de México. Tuvo que pagar 15 mil pesos por el juicio y deberá realizar tareas comunitarias.