El 5 de diciembre de 2006 la provincia de San Juan aprobó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto binacional Pascua Lama. Desde entonces, la operadora de la mina, la canadiense Barrick, comenzó a tramitar todos los permisos sectoriales. Para octubre de 2008 ya había conseguido todos, pero quedaba pendiente el mas difícil de resolver: la definición de los impuestos -cuántos y dónde- que pagaran las empresas contratistas de ambos lados de la cordillera. Incluso en agosto de ese año hubo una polémica porque directivos de Barrick de Chile dijeron que el proyecto sólo se haría del lado chileno. El rumor se esfumó luego que Gioja reunió a su despacho a las autoridades de la empresa. Ese diferendo frenó el inicio de construcción de la mina el año pasado. Pero el 11 de abril pasado el embajador argentino en Chile, Ginés González García, anunció que si los países no se ponen de acuerdo, “va a haber una comisión administradora que tendrá que tomar una decisión política”.
