En el Ministerio de Infraestructura no están muy esperanzados de que con la entrega masiva de casas (son 2.271 a lo largo de 2010) se incrementará significativamente la recaudación del IPV porque estiman que se mantendrá la morosidad y por eso están estudiando “algunos borradores” para ver cómo agilizar el sistema de cobro, cambiando leyes si hace falta, según dijo el secretario de Obras, Carlos Gil, quien dijo que no hay fechas todavía para aplicar esta medida.
Las cuotas de esta operatoria para la clase media, que recién lleva entregado uno de 28 barrios, oscila entre los 300 y 400 pesos. Oficialmente consideran que es “muy accesible” e incluso apuntan que en muchos casos representa el 10 o el 20 por ciento de lo que una familia paga en alquiler.
El Instituto al inicio de la gestión giojista recaudaba poco más del 20 por ciento de lo que ponía al cobro. Hoy se elevó al 50 por ciento y por eso estiman oficialmente que la tendencia seguirá en ese orden. Calculan que recibirán sólo la mitad del pago que corresponde. Es decir, unos 397 mil pesos al mes, recién cuando estén los 28 barrios adjudicados.
Así, oficialmente analizan que el problema de la morosidad se ha logrado aminorar en los últimos 6 años, pero no lo suficiente. Un obstáculo fuerte es el mismo proceso de cobro. Esto, porque en los hechos se muestra muy flexible para el deudor, que es notificado primero, luego enviado su expediente a Fiscalía de Estado y luego vuelto a intimar por los abogados. Ante la amenaza de ejecución de la deuda, el moroso tiende a hacer un plan de pago incluyendo los honorarios de los abogados, pero luego de pagar unas pocas cuotas, vuelve a caer en falta y así el procedimiento se inicia de nuevo, demandando más tiempo y pérdidas al sistema estatal, según explicó el funcionario. Así las cosas, se está revisando el proceso y se espera poder cambiarlo para mejorar la recaudación, cuyos fondos permiten nuevas inversiones en política habitacional.
