En mayo de 2018, un perro de raza Akita que se encontraba suelto en la calle en el departamento Rawson atacó a una nena que caminaba junto a su madre generándole graves lesiones en el rostro.
Los padres de la menor atacada iniciaron una acción judicial y el pasado 1 de octubre lograron una inédita medida: el el juez Héctor Rafael Rollán, a cargo del Primer Juzgado Civil, Comercial y Minería ordenó a los propietarios del can que aseguren debidamente al perro para evitar que vulnere el perímetro del inmueble donde se encuentra, debiendo mantenerse con un bozal. A lo que se sumó el cumplimiento obligatorio de la vacunación correspondiente para el animal.
El juez también impuso que “en cualquier momento del proceso”, un oficial de justicia puede hacerse presente en el inmueble para corroborar que se cumpla con todas las disposiciones mencionadas para que no exista riesgo de que el animal pueda lesionar a otra persona.
La demanda realizada por los padres no busca solamente indemnizar el daño sufrido por la niña, sino “principalmente asegurar que ese animal se mantenga asegurado para que no vuelva a atacar a ninguna persona”, explicó el abogado Damián Villaverde.
Si bien el proceso judicial recién se inicia y seguramente su trámite llevará tiempo, el aspecto más interesante de la resolución es que sus efectos no se limitan al caso concreto, sino que procura el resguardo de un interés social, que es el propósito central de la demanda.
Villaverde explicó que la acción preventiva conseguida se basa en la modificación que se incorporó en el nuevo Código Civil y Comercial del año 2015. “Mucha gente piensa que no se puede hacer nada en contra de un animal peligroso hasta que genere un daño, pero no es así. En el caso de que algún vecino entienda que existe un animal peligroso se puede iniciar este tipo de acción judicial preventiva para que efectivamente no se generen lesiones”, concluyó el abogado.