El reclamo de un padre que tuvo que pagar 1.000 pesos de cuota en un jardín maternal que hasta el año pasado era gratuito destapó una serie de irregularidades sobre la institución. Entre ellas se supo que el lugar funciona sin la autorización del Ministerio de Educación. El jardín maternal se llama Todos los Patitos y está ubicado en la unión vecinal de la Villa Angélica en Rawson, este año tiene cerca de 20 alumnos en dos turnos y según el presidente el lugar, fue cerrado ayer para aclarar la situación legal del establecimiento. “Somos conscientes de que no nos ajustamos a lo legal, pero todo nuestro trabajo se da en un contexto de solidaridad”, dijo Miguel Carrizo, el presidente de la unión vecinal de Villa Angélica y comentó que buscarán la forma de ponerse en regla. En relación a este caso, desde el Ministerio de Educación explicaron que todas las instituciones que funcionen como guarderías deben estar autorizadas por ellos para poder recibir niños y que este establecimiento no forma parte del registro que ellos tienen. “Creamos un registro único de establecimientos para observar y monitorear todas las instituciones para ver si están en regla o no. Puede pasar que haya instituciones que dependan hasta de un municipio, pero todas deben estar autorizadas”, agregó Myriam Radi la directora de Nivel Inicial del Ministerio de Educación.
El establecimiento Todos los Patitos funciona en la Villa Angélica desde 2014. Según el presidente de la vecinal surgió como guardería comunitaria, pero en 2015 recibió un subsidio del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y comenzó a funcionar como un Centro de Desarrollo Infantil. “El 13 de octubre pasado recibimos otro equipo de Desarrollo Social de la Nación y planteamos que no podíamos seguir y que necesitábamos una ayuda. Ellos nos pidieron una serie de documentación, pero nunca recibimos esos fondos. Ahí nos dijeron que el lugar no podía llamarse más CDI sino Espacio de Primera Infancia (EPI)”, agregó Carrizo y resaltó que en este contexto de necesidad es que comenzaron a cobrar una cuota mensual. Esto, a pesar de que el lugar no está inscripto tampoco como una institución educativa privada.
“Pedí informes a la Nación para ver si este lugar es o no subsidiado por Desarrollo Social”.
GIMENA MARTINAZZO de Desarrollo Social de la Nación
“Asumo la responsabilidad por haber pedido dinero, pero lo hicimos porque no recibimos el subsidio que nos había prometido el Gobierno nacional. Necesitamos muchos materiales y no tenemos con qué pagarlos”, resaltó el presidente de la vecinal, mientras que Gimena Martinazzo, delegada de Desarrollo Social de la Nación en San Juan, dijo que no podían asegurar que el lugar dependiera de ellos, pero que en caso de serlo no pueden cobrar porque los EPI son gratuitos.
Otra de las irregularidades del lugar tiene que ver con el trabajo docente. Es que el Ministerio de Educación prevé que estos establecimientos deben tener docentes formadas en Nivel Inicial, pero según el presidente de la vecinal “las señoritas” que hay en el lugar tienen “algunos cursos”, pero no son maestras. “Quizás pecamos por ingenuos, pero ahora el Estado nos dirá qué tenemos que hacer y nosotros nos vamos a ajustar a lo que nos digan” concluyó Carrizo.