�En noviembre del 2006, la Cámara de Diputados de la provincia aprobó la Ley Nro 7.759, que estableció el pago, por única vez, de una indemnización por 25.000 pesos para aquellas personas que perdieron su trabajo en la administración pública provincial o municipal por razones políticas o gremiales durante la dictadura militar.
Según datos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de San Juan, fueron 34 los beneficiarios.
Entre los requisitos para acceder al subsidio se planteaba que la persona no debía haber sido indemnizada ni estar en litigio contra el Estado por esta causa, que la baja se hubiera producido sin sumario legal previo y se debía aportar la documentación probatoria, incluso la existente en la Justicia Federal. Los fondos surgieron de una reasignación de partidas en el Presupuesto provincial y el pago se hizo en el 2007. También el Gobierno mendocino dispuso pagar un subsidio de 30.000 pesos a los empleados estatales que fueron dados de baja durante el proceso.