El relevamiento que publicó el miércoles último DIARIO DE CUYO sobre las seguridad eléctrica en 10 escuelas de Capital, donde 6 de ellas no tenían disyuntores y la gran mayoría tenían esas instalaciones en mal estado, dejó al descubierto ayer que hay un vacío legal respecto a quién debe hacerse cargo de los controles a esas instituciones estatales. Está legislado que deben tener una habilitación y el mantenimiento lo debe hacer un matriculado, pero no quién debe inspeccionar ese trabajo ni con qué frecuencia se debe hacer (ver recuadro).
Esto también abarca a la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Allí se destaparon todas estas irregularidades tras la muerte de Fernando Reynoso (32), un estudiante de Agrimensura electrocutado en la Facultad de Ingeniería el pasado 8 de marzo. Tras esa tragedia, otro relevamiento de DIARIO DE CUYO mostró que cuatro de las cinco facultades tenían fallas de seguridad eléctrica. Luego el Rectorado suspendió todas las actividades desde el lunes último (ver nota al pie).
"No hay un artículo dentro del Código de Faltas, ni una ordenanza o ley que especifique quién debe hacerse cargo de las inspecciones y controles sobre la seguridad edilicia de las escuelas públicas. Tampoco hay obligatoriedad para hacer este tipo de trabajo. Si alguien decide hacer un control o encargarlo a alguien en particular, lo hace por propia voluntad y responsabilidad", explicó ayer el Juez de Faltas Enrique Mattar. Y agregó que "el Código de Faltas de la provincia sólo hace mención a las medidas de sanción a quienes comiencen una actividad comercial o de servicio, sin contar con una habilitación".
Omar Montaña, licenciado en siniestros y ex bombero, explicó que la Ley Nacional 19.587 dice que la obligatoriedad es para la parte privada, no pública: "La inspección obligatoria anual la tienen que cumplir, por ejemplo, los colegios privados. Para ellos es una obligación porque están ejerciendo una actividad comercial para lo cual sí hay una ordenanza municipal que regula la actividad. Cosa que no sucede con las escuelas estatales".
Esta diferencia entre lo público y lo privado también fue corroborada ayer por el concejal Juan Sansó (Actuar). Tras la muerte del estudiante universitario, su bloque presentó un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, para implementar la realización de una inspección municipal anual obligatoria en todos los edificios escolares -públicos o privados- del ejido capitalino.