�El juez Edmundo Carbone había otorgado la cautelar el 7 de diciembre de 2009 dos meses después de sancionada la ley que luego, en noviembre de 2010, fue confirmada por la Cámara y fijó un plazo de vigencia de 36 meses. En mayo pasado, la Corte ratificó la cautelar y le puso fecha límite el 7 de diciembre de este año.
“El levantamiento de la suspensión cautelar cuando aún no está dirimida la impugnación constitucional que han formulado contra ‘la obligación de desinvertir’, causaría un perjuicio irreparable pues frustraría los efectos de una eventual decisión futura, en la hipótesis de resultar ésta favorable a las pretensiones de los demandantes”, sostuvo. Hoy, tres años después, el Gobierno consideró la prórroga de la cautelar como ‘una vergüenza’.