El pedido de intervención de parte de los accionistas minoritarios, que contempla en la reglamentación del artículo 20 de la ley para las empresas cotizantes, necesita de una serie de condiciones previas que incluye ser tenedor de un máximo en acciones o de obligaciones negociables de 2%, una denuncia ‘fundada‘ y dictámenes internos de las áreas jurídica y contable de la CNV. Para el mercado bursátil resultaba importante saber cómo había quedado resuelto este punto, ya que el Estado es ‘accionista minoritario‘ de 42 empresas que cotizan en Bolsa, de las cuáles en 36 tiene más de 2% a partir del traspaso de las carteras accionarias de las AFJP a la Anses. Justamente ese artículo, que fue agregado por el kirchnerismo en el recinto el día de la votación en la Cámara de Diputados, es el que le acuerda a la CNV la facultad de designar veedores con derecho a veto en las empresas a pedido de los accionistas minoritarios o de intervenirlas, con desplazamiento de las autoridades societarias, por 180 días.
