A través de un proyecto de ley, que fue enviado a la Cámara de Diputados y será tratado mañana sobre tablas, la Corte de Justicia suspenderá la aplicación de parte del sistema oral para los juzgados de Paz de la provincia. La medida implica, para ese fuero, postergar dos artículos del Código Procesal Civil que involucran la audiencia final, que debe llevar adelante el magistrado para resolver una causa, y los alegatos correspondientes. De acuerdo al texto del proyecto, la suspensión es por tiempo indeterminado, hasta que el máximo tribunal disponga lo contrario a través de una acordada.
Fuentes calificadas indicaron que la medida de la Corte se debe a la necesidad de dotar de mayor infraestructura a los fueros de Paz para que puedan implementar el sistema oral. Esto es, que cada juzgado departamental cuente con el sistema informático de audio y video para guardar el registro de las audiencias, así también como la conectividad para, de ser necesario, enviar la información. Es más, la audiencia inicial que lleven adelante los jueces de Paz seguirá siendo presencia, ya que en las mismas no es obligatorio tener un registro informático.
La de mañana será la segunda sesión ordinaria de Diputados.
Al suspender la oralidad para la audiencia final y los alegados, la Corte regresó al sistema anterior, escrito, para llevar adelante esa etapa de los expedientes.
La aplicación en el fuero de Paz del nuevo Código Procesal Civil, que fue sancionado el año pasado, estaba prevista para los primeros días de marzo. Las fuentes consultadas indicaron que, con la suspensión de plazos que la Corte dictó por la crisis sanitaria del coronavirus, no se fijaron las audiencias finales en las causas que se iniciaron, por lo que el trámite se puede continuar sin el sistema oral.
El proyecto de la Corte, que se espera que tenga sanción mañana por la mayoría del oficialismo, no será el único tema que debatirán los diputados, ya que también deberán prestar conformidad a seis proyecto que envió el Ejecutivo, entre los que se encuentran firmas de convenios; modificaciones a la ley de la Policía para que la cartera rectora sea la Secretaría de Seguridad y adhesiones a leyes nacionales. Además, también deberá aprobar el informe de la Comisión Permanente para la consolidación legislativa, esto es, que todas las leyes aprobadas en 2019 sean incorporadas en el Digesto Jurídico.