�En noviembre, cuando este diario consultó a los sectores involucrados, el ministro Cuevas opinó que la modificación no estaba “en la agenda del Gobierno sanjuanino”. Y explicó que antes de avanzar “habría que discutirlo con el Poder Judicial”. La razón pasaba por saber si los tribunales ordinarios están o no en condiciones de absorber el análisis de estas nuevas causas. El fiscal General de la Corte de Justicia, Eduardo Quattropani, quien también preside el Consejo Federal de Política Criminal, advirtió en ese momento que de adherir a la norma, “los juzgados provinciales podrían colapsar”, a partir de que ya están “abarrotados de causas”. “Si San Juan adhiere, tendría que hacerse cargo de una de las etapas más onerosas, que es la recuperación de los adictos”, expresó.
