Legisladores de la comisión Bicameral de Trámite Legislativo que accedieron a estudios elaborados por organismos del Gobierno y del Congreso llegaron a la conclusión que no hay acuerdo sobre la cantidad de leyes que deberían ser modificadas a partir del 25 para que le corrijan las facultades delegadas.
La situación anticipa un conflicto entre los cuerpos dirigidos por funcionarios de la Casa de Gobierno y expertos del área parlamentaria del Poder Legislativo.
Las disidencias se produjeron tras comparar los informes preparados por la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia y la Procuración del Tesoro (del Poder Ejecutivo) y la Dirección de Información Parlamentaria (Legislativo). Con todo, tuvieron acuerdo en que las normas implicadas tienen relación con el Código Aduanero, que fija las retenciones agropecuarias, y las leyes de Abastecimiento, de Entidades Financieras, de Reforma del Estado y de Coparticipación Federal. Además el sistema de compensaciones de entidades financieras, la emergencia económica y la distribución de aportes del Tesoro Nacional, entre otros.
En un documento firmado por los diputados y senadores opositores el 30 de junio se publicó una nómina de 358 leyes que deberán ser modificadas en el futuro, de las cuales 44 son de naturaleza tributaria o contributiva, 16 contienen normas delegantes en obras y servicios públicos y 8, en minería. En tanto, 116 se refieren a asuntos de administración pública, moneda nacional, deuda pública, organismos y acuerdos internacionales, promoción industrial, política económica y de fomento y 110 a materias de salud, trabajo, desarrollo social, educación y seguridad social. También hay un lote de 40 leyes en temas penales, de seguridad, militares, justicia y limítrofes, 21 de problemas comerciales, financieros y de actividades deportivas y 3 de leyes electorales y de partidos políticos.
