�Por una ley aprobada en mayo pasado en la Cámara de Diputados, el Estado provincial ya está habilitado para mandar a desguazar los vehículos secuestrados que no están en condiciones de circular. La primera tanda a destruir será de 50 autos y 50 motos, lo que equivale a unas 55 toneladas de chatarra que serán vendidas a la empresa que haga la tarea. La ley determina que tiene que haber transcurrido más de un año sin que el propietario reclame el vehículo y que el Estado lo debe poner a su nombre a través de un trámite que hace en la Dirección Nacional del Registro de Propietarios del Automotor. “Ya hemos llamado a licitación para el desguace de estos primeros vehículos, pero hay que esperar a que presenten las ofertas. No hay una empresa en la provincia que se dedique a esta tarea. Una vez que se elija la empresa, se procederá de inmediato al desguace y compactación de vehículos para descongestionar los depósitos de la provincia”, dijo Juan Romero, de la Secretaría de Gobierno y Justicia.
