Para que la multa a Jorge Rivera Prudencio prospere, tiene que contar con el voto de al menos tres de los cinco miembros del Tribunal de Cuentas. El expediente que disparó Enrique Conti (de esta forma, ya tomó posición) irá pasando por las manos de todos sus compañeros para que lo analicen y después lo discutirán todos juntos en un plenario, de donde saldrá la decisión final.
La facultad del Tribunal de Cuentas de imponer un castigo económico a los funcionarios está contemplada en la ley que reglamentó su funcionamiento. Puede multarlos porque no cumplan con la obligación de presentar el ejercicio contable anual de la repartición (de eso acusa Conti a Rivera Prudencio), hacerlo en forma parcial, demorarse más de la cuenta o no hacer las correcciones exigidas. Y quien sea sancionado, debe poner la plata de su propio bolsillo.
El monto no se fija discrecionalmente. La misma ley contempla límites: el mínimo es equivalente a un día del salario del funcionario responsable y el máximo, a un tercio del sueldo básico.