El proyecto de ley de expropiación de la mayoría accionaria de YPF va más allá del avance sobre las acciones de Repsol, ya que establece un andamiaje legal que le permitirá al Estado volver a regular toda la actividad hidrocarburífera, desde los pozos hasta las estaciones de servicio.
La nueva norma, que considera a los hidrocarburos como ‘un recurso estratégico‘, declara a su explotación, industrialización, transporte y comercialización ‘de interés público nacional‘ y ‘objetivo prioritario‘ para el país.
En su primer capítulo, denominado ‘De la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina‘, el proyecto no sólo apunta como objetivo asegurar el autoabastecimiento, sino que le permite al Estado avanzar de modo regulatorio sobre toda la cadena: productores, refinadores, transportistas (camiones y gasoductos) y bocas de expendio, como estaciones de servicio o distribuidoras gasíferas.
Será el Poder Ejecutivo Nacional, en su calidad de autoridad a cargo de la fijación de la política en la materia, quien ‘arbitrará las medidas conducentes al cumplimento de los fines de la presente‘, según el proyecto en su artículo 2. Sin hacer mención a una empresa en particular, la iniciativa destaca que los objetivos apuntan a ‘garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones‘.
‘La experiencia internacional no hace más que confirmar que la posibilidad de garantizar el autoabastecimiento en materia de combustibles contribuye de manera crucial a determinar el tipo de modelo económico y de crecimiento que puede desenvolverse en cada país‘, se destaca en los Fundamentos del proyecto.
En el mismo, se precisa que ‘el camino del desarrollo económico con inclusión social tiene como una de sus premisas, en un país como el nuestro que dispone de recursos hidrocarburíferos, el autoabastecimiento en materia de combustibles‘. Al respecto, indica que ‘un país que cuenta con la posibilidad de autoabastecerse de petróleo debe asegurar que esto ocurra; de lo contrario, su economía queda sometida a los vaivenes del precio internacional que depende de factores geopolíticos y especulativos‘.
Se considera clave la protección de los intereses de los consumidores relacionados con el precio, calidad y disponibilidad de los hidrocarburos y su impacto en la economía y los salarios.
