Cristina Fernández presentó el programa Ingreso Social con Trabajo dentro del Plan Argentina Trabaja en agosto de 2009, con una primera etapa concentrada en el conurbano bonaerense, creando 100 mil puestos de trabajo con una inversión de 1.500 millones de pesos, para luego ampliarlo a otros rincones del país. Desde entonces, en paralelo con la aplicación del programa se dio la polémica. Por ejemplo, en diciembre, la cartera que comanda Alicia Kirchner salió a rechazar acusaciones de “clientelismo político”. Fue después de que organizaciones sociales de izquierda se quejaran, mientras marchaban hacia Avenida de Mayo y 9 de Julio. Los manifestantes reclamaban que se incluya a sus integrantes en el plan de cooperativas.
En febrero último, la ONG Poder Ciudadano y distintos bloques opositores en Diputados (Libres del Sur, SIUP, Proyecto Sur, Coalición Cívica, GEN y Partido Socialista) pidieron al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación los detalles de la implementación del programa. En marzo, la cartera K informó que eran 62 mil los beneficiarios y que “en cada familia de los cooperativistas ingresados al programa se ha registrado claramente un impacto de su condición socioeconómica considerable”, según publicó la web de Radio Continental.
La diputada nacional por el GEN, Virginia Linares calificó el programa como la “organización de un grupo de beneficiarios afines al gobierno que están organizados como una cooperativa”.
En septiembre de este año, el gobernador santafecino Hermes Binner envió una carta a la ministra Alicia Kirchner, manifestando su preocupación por “el reclamo de diversas organizaciones sociales, principalmente en la ciudad de Rosario” porque en su provincia no se implementaba el programa. En Rosario, la CCC -que dirige nacionalmente Juan Carlos Alderete- y otras organizaciones de base venían presionando con piquetes por el tema.
