El proyecto se diferencia del original que vetó la Presidenta en un punto clave: elimina la denominación de “ambiente periglacial” que tenía el anterior, lo cual era indispensable para poder permitir que se realicen actividades productivas como la minería o extracción de petróleo en las zonas aledañas. Además ratifica que las provincias son las autoridades de aplicación y por lo tanto, les permite que empiece a regir la ley en sus jurisdicciones sólo a partir de que cada una presente su inventario de glaciares.