La decisión del Gobierno nacional de prorrogar hasta el 31 de marzo el congelamiento de los alquileres y la suspensión de los desalojos mantiene enfrentados a un sector de los inquilinos con los propietarios. Entre los primeros un grupo sostiene que no puede hacer frente a los pagos por la situación económica, mientras que entre los dueños de los inmuebles se quejan por una medida que consideran injusta. En medio de las diferencias, un relevamiento de la actividad reveló que hay un 70% de quienes alquilan que viene pagando las subas que estaban previamente pautadas.
"Nos parece bien la continuidad de la medida porque no podemos pagar los aumentos", dijo Víctor Bazán, de la Asociación de Inquilinos de San Juan. Y reclamó una ayuda nacional, del tipo de un ATP o de un subsidio para cuando quede sin efecto el congelamiento, que está vigente desde marzo del año pasado.
En la vereda de enfrente, Pablo Domínguez, del Colegio de Corredores Inmobiliarios, sostuvo que la medida "no hace más que empeorar la situación porque vamos a cumplir un año con los valores sin variantes". Explicó que en el sector analizan que la decisión es contraproducente porque cuando quede sin efecto el inquilino tendrá una deuda "imposible de pagar".
Desde la Cámara de la Construcción e Inmobiliaria, Mauricio Turell dijo que "sólo se está ocultando el endeudamiento y se va ocasionar que la oferta sigue disminuyendo". Es que explicó que, con los montos congelados, muchos propietarios decidieron retirar los inmuebles del mercado. Eso ha provocado que en la actualidad la demanda sea un 80% superior a la oferta.
Esta es la tercera vez que la administración de Alberto Fernández congela los precios de los alquileres. La primera fue el 29 de marzo del año pasado, días después de que se pusiera en marcha la cuarentena para tratar de contener el avance del coronavirus. Y la anterior fue el 24 de septiembre, cuando la medida se ratificó hasta el 31 de enero. En aquella oportunidad se indicó que el congelamiento formaba parte de las acciones destinadas "a paliar la situación social, la cual se ha visto sumamente afectada por la pandemia de Covid-19".
La medida también incluyó la presentación de un mecanismo para compensar la diferencia entre el precio pactado en el contrato y el que resulte de la aplicación del decreto nacional, y también un mecanismo para el pago de las deudas que pudieren originarse por falta de pago, pago parcial o pago fuera de plazo.
Es decir que, una vez vencido el congelamiento, está previsto que los inquilinos puedan pagar en cuotas (al menos tres y como máximo seis) las diferencias entre lo que pagaron durante la vigencia del decreto y el valor estipulado en los contratos.
También se estableció que "no podrán aplicarse intereses moratorios, compensatorios ni punitorios, ni ninguna otra penalidad prevista en el contrato".
Para cuando se salga del congelamiento, en el sector hablan de que, por las sumas abultadas que se están generando, al propietario no le quedará otra que iniciar un juicio de desalojo, tal como lo establece la legislación vigente.
- Posición de las inmobiliarias
Mediante un documento, la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA), fijó su posición. El texto expresa que "la verdadera solución debe abarcar a todos los argentinos involucrados en la problemática y no sólo a un sector. Mucho más daño se hace, si pretendiendo nivelar la balanza, lo que se logra es desnivelarla más gravemente aún. Es tan grave la situación que vive quien con su magro ingreso necesita alquilar donde vivir o ejercer su comercio o profesión, como la de aquellos que con el esfuerzo de su trabajo pudieron lograr un ahorro en ladrillos, o un recurso de ingreso para completar magras jubilaciones, o un ingreso para poder pagar sus propios costos, gastos, etc.
Entendemos que debe trabajarse sobre el verdadero problema social, que es lograr que cada argentino acceda a una vivienda propia, facilitando el camino para ello con financiamientos accesibles y confiables, incentivos de construcción, facilidades para alentar la inversión, seguridad jurídica para no atemorizar al tenedor de capital y ampliación de la oferta de viviendas en alquiler que ayude a bajar los precios y ampliar el mercado inmobiliario en todo el territorio nacional".