San Juan 18 de febrero.- Luego del caso del Jardín Tribilín, San Isidro, donde los videos realizados por los padres de los niños que asistían, muestran el maltrato y hasta torturas que recibían los pequeños, despertó la preocupación en un grupo de Directoras de Jardines maternales de la provincia. Estas docentes se reunieron movilizadas por la necesidad de clarificar la situación del sector en la provincia. Según informaron a Diario de Cuyo Online, en total hay unos 300 jardines maternales operando en San Juan, de los cuales solo 7 tiene la habilitación emitida por el Ministerio de Educación de la Provincia. Piden por una ley que regule la actividad.
Es que según relatan las responsables de los maternales, Picardias, Mindy, Pequeñito, Escuela de Educación Inicial Laberinto, Conejo Tito y Castillo de Papel, no hay legislación que contemple al sector y además todavía no se adecua la ley provincial a los parámetros que establece la nueva Ley Nacional de Educación. Es por este motivo es que la gran mayoría de los maternales existentes, trabajan con las habilitaciones requeridas para un comercio común y corriente tales como: habilitación municipal, bomberos y Salud Pública solamente.
“Pueden tener la habilitación municipal, la de Salud Pública y la de bomberos, como un comercio cualquiera, pero no están supervisados por Educación. No hay ningún control didáctico pedagógico, debe haber una regulación especial para ello. Por ejemplo hay muchos maternales que juntan a los chicos de diferentes edades, cuando debe haber salas especiales, una para niños de dos, otras para los chicos de tres y otra diferente para los niños de cuatro años. Además deben estar a cargo de una profesora de nivel inicial, con un número determinado de auxiliares acorde a la cantidad de niños”, relató a este medio María Inés Sánchez, propietaria de uno de los maternales.
Según la visión de este grupo de docentes, la falta de controles del área específica del Gobierno deja a un estado de competencia desleal al resto que si tiene la habilitación específica y peor aún, temen porque ocurra algún caso similar al de San Isidro y caigan bajo sospecha todos los maternales de la provincia. “Sabemos muy bien que si un establecimiento no está dentro del sistema, es imposible que sea alcanzado por los controles del Ministerio de Educación. La autoridad de la Supervisora no existe para los jardines que no están en regla”, explicó Fernanda Correa.
Estos 7 maternales realizaron los trámites necesarios en Educación, para recibir la habilitación específica y así ser controlados por el Gobierno. Entre los pasos que debieron seguir voluntariamente se detalla; solicitar los diseños curriculares y planta funcional en el Ministerio. Luego de cumplimentar ese proceso, se debe elevar toda la documentación al Ministerio de Educación, adjuntando el informe del Supervisor correspondiente al área donde esté el Jardín Maternal y luego si todo está en condiciones, la autoridad de aplicación toma la decisión de ingresar la institución al sistema educativo o no. Cabe aclarar que este proceso lo deben hacer los jardines maternales que no pertenezcan a Colegios privados, ya que estos últimos si están regulados como institución educativa.
“Alguien debería visitar los jardines, una vez por semana, entrar sala por sala, ver que el docente que está al frente de los niños está habilitada, que no tenga trastornos psicológicos, porque esa persona está en contacto con niños que no pueden defenderse” reflexionó preocupada Marcela Pesado, Directora de E.E.I. Laberinto.
Esta iniciativa no es la única que se ha generado tras el escándalo en Buenos Aires, ya que en la vecina provincia de Mendoza maternales buscan constituir una Asociación para tener más fuerza y así pedir que sean incluidos en la legislación provincial.