Tras los desmanes y robos sucedidos ayer, el Gobierno provincial le pidió a la Nación el envió de tropas de la Gendarmería para que, junto con la Policía, controlen la situación. La decisión se tomó luego de que grupos de delincuentes atacaron un supermercado y comercios céntricos, aprovechando las versiones de una inminente protesta policial que pudiera dejar desprotegidos a los sanjuaninos. Al cierre de esta edición, uno grupo de unas 250 personas, entre efectivos y familiares, permanecía concentrado en el Comando Radioeléctrico reclamando una mejora salarial, mientras la gran mayoría de los uniformados prestaba servicios para frenar nuevos robos.
San Juan parece haber quedado expuesta al efecto cascada que generó la Policía cordobesa, que el lunes de esta semana se acuarteló y consiguió una recomposición salarial en medios de desmanes generalizados. Después, fue el turno de cuatro provincias más. Las protestas estallaron en Catamarca, La Rioja, Neuquén, que ya superaron el conflicto, y Río Negro.
Si bien aquí no hubo acuartelamiento de la Policía, los rumores que circularon durante todo el día y la convocatoria a una medida de ese tipo por las redes sociales desataron un clima de tensión y preocupación. Pero el grueso de la Policía trabajó y actuó frente a distintos actos vandálicos que se produjeron desde la tarde. De hecho, unas 170 personas había sido detenidas hasta anoche por saquear la sede rawsina del supermercado Atomo y robar en algunos locales del centro, que terminaron con las vidrieras rotas.
El pedido para que desembarque la fuerza nacional se conoció pasadas las 23.30, cuando el vicegobernador en ejercicio del Ejecutivo, Sergio Uñac, lo dio a conocer por cadena provincial. “He requerido la presencia de efectivos pertenecientes a la Gendarmería; habiendo tomado contacto con autoridades nacionales, para que actuando coordinadamente con los efectivos policiales aseguren la convivencia de los sanjuaninos”, aseguró.
Según altas fuentes de Gobierno, la medida se debe a que aún con toda la Policía operativa, no alcanza para contener a los delincuentes que aprovecharon para salir a robar. Lo que no se informó desde el Ejecutivo es cuántos uniformados llegarán y cuándo.
La situación parecía estar controlada al cierre de esta edición, ya que no se habían registrado nuevos intentos de saqueos. La atención estaba puesta en la concentración que protagonizaban el grupo de policías y sus familiares en el Comando Radioeléctrico.
Los manifestantes pidieron la presencia del defensor del Pueblo, Julio César Orihuela, quien llegó pasadas las 22 y se reunió con los abogados Juan Carlos Turón (comisario retirado) y Fernando Verdeguer, que representan a los policías. Más tarde, una comisión partió a Casa de Gobierno con un petitorio para entregárselo a las autoridades.
El documento tiene cuatro puntos. Piden una suba a 12 mil pesos del básico de un agente que recién ingresa, la derogación de la ley de emergencia policial y penitenciaria, que se fije una jornada laboral máxima y que el tiempo extra se pague o se compense con licencias; y no ser sancionados por la protesta. Mientras tanto, los manifestantes planeaban quedarse en el lugar hasta obtener una respuesta.