Mientras la polémica por la quita de pensiones por invalidez se acrecentaba en todo el país, el gobernador Sergio Uñac preparaba una presentación que buscaba frenar esa medida nacional en la Justicia Federal. Pero, al menos por ahora, no hizo falta concretarla. La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, emitió un comunicado por la tarde, que establecía la marcha atrás en la suspensión de las pensiones.
‘Las familias que reciben una pensión por discapacidad la seguirán cobrando’, aseguró la ministra, para agregar que restablecerán el beneficio la próxima semana a ‘todas aquellas personas que tienen discapacidad y que, por error de aplicación de criterio, pueden haberse quedado sin cobrar la pensión en este último cobro‘.
Con esta decisión, que implica el retorno del beneficio a varios sanjuaninos (algunas de sus historias fueron contadas en la edición de ayer de DIARIO DE CUYO), la gestión uñaquista consideró que ya no era necesario avanzar judicialmente.
Antes de conocerse esta decisión, en San Juan ayer se realizó una protesta en la plaza 25 de Mayo en donde los familiares de personas que perdieron las pensiones mostraron su descontento y contaron sus casos (ver aparte). La medida se dio en sintonía con la que se pudo ver también en pleno Obelisco porteño, además de en el centro de otras ciudades importantes de Argentina. Fue precisamente durante las protestas que hubo por la tarde en Buenos Aires que la Nación hizo pública su decisión de frenar la baja de pensiones y volver atrás.
Sin embargo, el tema no termina acá. La propia Stanley insistió en que sí se hará una revisión de cada caso y que seguramente habrá beneficios que terminarán siendo dados de baja. Por ejemplo, aquellos casos en que se compruebe ingresos familiares de $100.000 o más. Pero sí es un hecho que se revierte el corte repentino que se había hecho en el beneficio, incluso erróneamente en varios casos, como los que dio a conocer este diario.
Igual, el gobernador Uñac reafirmó la intención de ayudar a los beneficiarios que sufrieron la quita de la pensión. ‘En la provincia no hay instrumento jurídico, porque no tiene sistema de pensiones, a través del cual se pueda otorgar un nuevo beneficio, pero sí vamos a dar ayuda para subsistencia alimentaria, para que los afectados puedan comer, al menos hasta que se revierta la medida. Una vez que tengamos el padrón de personas afectadas vamos a dar alguna ayuda para que puedan continuar‘, dijo Uñac y explicó que según estimaciones que hace el Gobierno provincial hay unos 1.000 beneficiarios locales afectados por esta medida, sin embargo resaltó que aún no hay datos exactos que informen al respecto.
En cuanto a la ayuda que entregará el gobierno, el ministro de Desarrollo Humano, Walberto Allende dijo que además de la entrega de alimentos están analizando trabajar junto al Ministerio de Salud Pública para brindar asistencia sanitaria a las personas que por ahora están sin el beneficio, pues muchas de ellas se quedan sin medicamentos y cobertura de obra social por la baja de esta pensión.
LA MEDIDA POLÉMICA
Hace unas semanas, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación decidió aplicar un decreto de 1997 que establece más exigencias y condiciones que deben reunir quienes buscan acceder a una pensión. Es por esto que muchas pensiones por incapacidad fueron suspendidas y esto generó una polémica en todo el país. Casi todo el arco político salió a cuestionar la medida, luego se plegó la Iglesia y por último hubo manifestaciones de damnificados.
En este contexto, Gimena Martinazzo, directora de Desarrollo Social de la Nación en San Juan, dijo que el objetivo de este plan es sacar el beneficio a quien no le corresponda. “Queremos regularizar lo que durante años se regaló indiscriminadamente’, dijo la funcionaria para explicar la decisión que ayer fue revertida, al menos por ahora.
Claves
1 Se quitaba la ayuda social a beneficiarios cuyos cónyuges o tutores percibían una pensión o jubilación. Incluso, los que cobran la pensión por incapacidad también sufrían la baja.
2 También sufrían la baja las personas que tienen un tutor que percibía ingresos equivalentes a tres salarios mínimos, es decir, cuyo familiar tenga un ingreso formal de $21.000.
3 En caso de que el beneficio se corte porque el esposo o la mujer cobra un salario superior al requerido, pero la persona ya está separada, debe declarar ese estado civil en Anses.
4 De igual modo, las personas que detecten que les han quitado el beneficio pueden consultar la causa en las oficinas de Desarrollo Social de la Nación, ubicadas en 9 de Julio 168 Este.
5 Desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación informaron que las personas tienen un plazo de 60 días para presentar la justificación para seguir percibiendo la pensión.
6 La Fundación Javier Caselles tiene profesionales que están asesorando a los afectados. Los interesados pueden consultar en la sede de Mendoza y Juan Jufré, de 9 a 13 y de 16 a 20.