Paralelamente a la investigación federal, el juez de Instrucción de Instrucción provincial Leopoldo Zavalla Pringles, resolvió a favor de los mismos denunciantes un hábeas corpus para que personal de Gendarmería Nacional se abstenga de secuestrar armas a los legítimos usuarios que así lo acrediten o incluso detenerlos (como ocurrió en una ocasión) en todo el territorio provincial. En su resolución el juez ordena a la fuerza “instruir al personal” para evitar problemas. Según el abogado Uzair, es la primera vez que en San Juan se toma una medida de carácter “preventivo y colectivo” en beneficio de los usuarios de armas autorizados legalmente.
