El Estado sanjuanino todavía siente los coletazos por la construcción del dique iglesiano Cuesta del Viento, una obra que desde hace más de 20 años genera dolores de cabeza por las fallas técnicas que demoraron su puesta en marcha y los millones de pesos que se tuvieron que pagar de más. La empresa Pescarmona viene de ganarle un juicio varias veces millonario a la provincia por irregularidades en la adjudicación y ahora pretende cobrar más de 5.000.000 extra en concepto de intereses del monto inicial. El expediente está por estas horas en la Corte de Justicia, donde Fiscalía de Estado intenta que quede sin efecto el reconocimiento de esa obligación.

El planteo tiene como raíz la licitación que se hizo en 1985 para construir la central hidroeléctrica. Pescarmona presentó la oferta más baja, pero la propuesta tenía defectos y la obra fue adjudicada a Paolini, otra de las empresas que intervino. La firma de capitales mendocinos presentó una demanda y la Justicia le dio la razón, al condenar al Estado a indemnizarla con 10.063.580 pesos (ver Cronología).

Ahora, Pescarmona va por más. Como la deuda se discutió seis años más, hasta que se pagó, reclama intereses por el tiempo transcurrido por 5.085.126 pesos. El juez Olivarez Yapur le hizo lugar a la empresa, la Sala I de la Cámara Civil también y como última instancia en San Juan, Fiscalía de Estado presentó en el máximo tribunal un recurso que ya fue admitido formalmente.

Fuentes de Fiscalía de Estado aseguraron que no corresponde pagar, porque Pescarmona no hizo reserva al cobrar el monto inicial. Se toman del artículo 624 del Código Civil, que dice: “El recibo del capital por el acreedor sin reserva alguna sobre los intereses, extingue la obligación del deudor respecto de ellos”.

Para el Estado sanjuanino, Cuesta del Viento es una historia de perjuicios de nunca acabar. Pasa que, además de terminar costando cuatro veces más, la provincia enfrentó un juicio y hasta pagó cifras infladas por la expropiación de los terrenos.

En la gestión giojista hay preocupación por el nuevo reclamo y no es para menos. La polémica por Cuesta del Viento es heredada y si la Corte no hace lugar, el Estado perderá un monto equivalente a 33 casas del IPV o a la pavimentación de 66 cuadras.