El Gobierno mira con recelo, también, al Tribunal de Tasaciones. Se trata de un organismo autárquico que participa o debería haber participado en todos los juicios de expropiaciones. Según las fuentes de la gestión giojista, hay una serie de hechos que lo podrían comprometer con el escándalo de las sobrevaluación de terrenos adquiridos por el Estado.
El Tribunal de Tasaciones, que hoy es encabezado por Joaquín Fernández, es una especie de opinión imparcial en los juicios de expropiaciones. El propietario del terreno pone un perito que dice cuánto vale, la Fiscalía de Estado aporta su propia tasación y la tercera opinión es la del organismo. El juez se basa en la razonabilidad de todos esos datos, para determinar cuánto le tiene que pagar la provincia al expropiado.
Las sospechas surgieron debido a que el organismo decidió empezar a tasar por metro cuadrado y no por hectárea en zonas rurales como Iglesia. En el gobierno no se explican a qué responde el cambio, porque lo que correspondería es el método anterior. Es así que, según las fuentes, bajo el antiguo mecanismo un metro cuadrado en Colola costaba 6,50 pesos y con el nuevo pasó a $17.
En varios juicios sospechados, el Tribunal de Tasaciones no participó. Las fuentes aseguraron que hay jueces que se las arreglaron para dejarlo afuera, dejando vencer los plazos que tenía para presentar su precio. Y que cuando reclamó, no le hicieron lugar.