�Asimismo, dispone restricciones a la posibilidad de que los periodistas obtengan información sobre asuntos vinculados a la policía de Córdoba, al establecer que los agentes en actividad y retirados deberán contar con autorización previa de la Jefatura para entregar datos a trabajadores de prensa. El decreto advierte que ‘salvo autorización expresa de la Jefatura, el personal en actividad o en retiro no podrá prestarse a reportajes ni emitir públicamente su opinión en asuntos de carácter oficial o vinculado a la función o a los intereses policiales‘. ‘El personal que se vea aludido en crónicas o artículos periodísticos, en contra de lo establecido, se dirigirá por nota a su superior, formulando el descargo o declaración correspondiente‘.
