Se trata de las detenciones a estudiantes, gremialistas y dirigentes políticos con anterioridad al golpe militar del ‘76, es decir que se trata de detenciones ilegales y de torturas que se habrían producido en la etapa democrática previa a la caída del Gobierno de Isabel Perón. Las víctimas, que son 37, denunciaron que fueron sometidas a interrogatorios con el uso de violencia en el RIM 22 y no en el Penal de Chimbas, como en otros casos. Los imputados son Enrique Graci Susini, Darvin Mejías, Cruz Alejandro Olmos, Nicolás Manrique y Oscar Amidey. Todos son expolicías y se encuentran con prisión domiciliaria por razones de salud o por haber superado los 70 años de edad. También están acusados Olivera, De Marchi, Martel, Gómez, Cardozo, Juan Carlos Alaniz y Walter Melo.
