Eso se debe a una nueva ordenanza municipal que pretende controlar el viejo problema de los animales sueltos en las rutas, causa de innumerables accidentes de tránsito. Su texto busca sumarse a las normativas vigentes para presionar más a los puesteros para que controlen a sus animales y no reincidan. Y es una más de las tantas medidas tomadas por varios municipios, que también hacen multas y hasta subastan los animales capturados y arrestan a sus dueños. Pero Calingasta hizo punta de lanza al ser el único en aumentar los castigos.

"En la nueva normativa se modifica la ordenanza tributaria anual del municipio, adecuando los servicios del corralón municipal. Allí se deposita los animales capturados. También en la ordenanza se eleva el valor de la multa que deben pagar los dueños de los animales por dejarlos en la vía pública", dijo el secretario de Gobierno municipal, Jorge Castañeda.

Por eso, la ordenanza (vigente desde el martes pasado) también establece que ahora los multados deberán pagar 16 pesos por cada día que sus animales se queden en el corralón, en lugar de los 6 que se cobraba antes. Eso para mantenerlos en buenas condiciones y alimentarlos.

Si bien las autoridades competentes en estos casos son la Policía y los Juzgados de Faltas, el municipio de este departamento colabora con ellos en la logística. "Cuando ellos reciben una denuncia o detectan algún caso, nosotros ayudamos a pillar y trasladar el animal al corralón", comentó Castañeda.

La medida se suma a lo previsto en la Ley Nacional de Tránsito, que multa con hasta 200 UF (740 pesos) por dejar animales sueltos en la vía pública. Y también en el Código de Faltas provincial, que establece que "será reprimido con treinta días de arresto y multa de hasta 1.000 JUS (10.000 pesos) el que en lugares abiertos o en la vía pública, dejare bestias de tiro, de carga, de carrera o cualquier otro animal, sin haber tomado las precauciones para que no causen daño o estorben el tránsito. Dichos animales serán retirados por la autoridad competente, provincial o municipal, y llevados a corralones donde serán debidamente cuidados y alimentados a cargo del dueño, quien deberá recuperarlos en el lapso de siete días; caso contrario serán vendidos en subasta pública".

En Calingasta el control en ruta de esta infracción se hace mediante recorridos permanentes de los efectivos de las comisarías 16ta y 33ra, a los que se suman tres empleados municipales destinados a la misma tareas. Además, operan las denuncias de los vecinos. Sin embargo, en el departamento se labra un promedio de sólo 7 actas de infracción de este tipo por mes. Cifra que, según Castañeda, se duplicó en septiembre pasado, lo que generó mayor preocupación en las autoridades municipales.