En la resolución de la Sala III los jueces tuvieron en cuenta que los exediles hicieron una mala distribución de los fondos municipales que estaban destinados para las ayudas sociales de personas carecientes de Rivadavia.
Desde enero del 2001 hasta abril del 2003, cada exconcejal tuvo a su disposición un fondo, que arrancó siendo de mil pesos mensuales y que después incluso llegó a los 1.500 pesos, para ayudar a la gente que concurría el municipio con una receta de medicamentos o con boletas de la luz impagas. Cada uno tenía una planilla de control en la que constaba el nombre de la persona que recibía el aporte, el documento y la firma. Pero en la investigación surgió que se falsificaron las firmas y los importes. En otras palabras, que los acusados se quedaron con parte del dinero que era para la gente humilde.