�El triple crimen ocurrió el 13 de agosto de 2008 pero volvió al centro de la escena cuando Martín Lanatta salpicó al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández con ese caso. Lanatta declaró ante la Justicia que el excandidato a gobernador bonaerense le pidió que gestionara armas y permisos ante el Registro Nacional de Armas (Renar) para allegados y dirigentes políticos y gremiales. Entre los supuestos beneficiados figuraban, el secretario privado de Aníbal, Diego Alazar González, el camarista de Casación bonaerense Federico Domínguez (procesado en uno de los expedientes de la causa AMIA), el líder del sindicato de peones rurales UATRE, Gerónimo Venegas, y el ex ministro del Interior del menemismo, José Luis Manzano.