Desde que José Luis Gioja está al frente del Ejecutivo, esta es la segunda vez que el Ministerio de Trabajo de la Nación interviene en un conflicto con los gremios de la Educación. La primera fue en el 2007 cuando la cartera nacional confirmó que la Subsecretaría de Trabajo de la provincia “está facultada” para intervenir en los conflictos laborales de su jurisdicción. Y ahora fue para intimar a UDAP porque si continúa incumpliendo la conciliación obligatoria dispuesta por la subsecretaría y llama a nuevos paros durante esta instancia le quitará la personería gremial, según lo previsto en el artículo 56 de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales. Perder la personería significa quedarse sin la representación en el distrito y no poder seguir cobrando los aportes a los afiliados. La resolución tiene fecha del viernes, pero recién fue comunicada a los gremios ayer.
– Lo penal avanza
Aunque la fiscal Silvina Gerarduzzi tenía la facultad de mandar las actuaciones a archivo, ayer decidió pedir una serie de medidas previas en el caso del conflicto con UDAP, antes de pedir o no la instrucción de la causa. Fue luego de la decisión del juez Roberto Pagés de determinar una multa de 10.000 pesos, que luego llegaron a 35.000 pesos, y de enviar copia del expediente para que en el fuero penal se investigue si la dirigencia del gremio incurrió en un delito al desobedecer la orden judicial de no hacer paros. Entre esas medidas, destinadas a determinar si la dirigencia de UDAP violó una orden judicial, la fiscal pidió la nómina completa de la cúpula del gremio y las actas de las asambleas que determinaron los paros. La palabra la tiene ahora la titular del Tercer Juzgado en lo Correccional, la jueza Mónica Lucero, que puede o no admitir las medidas solicitadas por la fiscal.
