Casi la mitad de los colegios privados que funcionan en la provincia, que son unos 175, están llevando adelante la inscripción para el ciclo lectivo 2021. Pero aún así no ha bajado la morosidad en el pago de las cuotas, que ronda el 53%, según las cuentas que sacan en la Asociación de Instituciones de Educación Privada (Adidep). El problema es que para anotarse para el próximo año es requisito no tener deudas con las instituciones, que han salido a ofrecer financiación para que los padres se puedan poner al día.
La morosidad en el pago de las cuotas oscilaba en el 50% hasta agosto de este año y el panorama no ha mejorado en septiembre y hasta empeoró un poco más, según los datos que maneja Walter Urquiza, ahora a cargo de la presidencia de la institución. La cuota promedio oscila en los 2.200 pesos, pero en algunas entidades puede llegar hasta los 6.700 pesos y en otras partes desde los 550 pesos las más bajas, como ocurre en algunos departamentos alejados.
La inscripción para el próximo año es equivalente a 2 cuotas, es decir que rondará en los 4.400 pesos en promedio, y se puede abonar hasta en 4 cuotas, en los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero. Otro años sólo se otorgaban 2 cuotas. Pero Urquiza aclaró que antes de pensar en pagar la matrícula para el ciclo lectivo del 2021 hay que ponerse al día con las cuotas adeudadas de este año. Es que muchos padres, ya sea por la situación económica agravada por los efectos de la pandemia o porque apenas algunos chicos tuvieron un puñado de días de clases presenciales, empezaron a demorar los pagos. La realidad indica que ahora deberán a pagar los montos atrasados y afrontar la nueva inscripción para el próximo año.
En cuanto al pago de la deuda atrasada, la financiación depende de cada institución. Reciben tarjetas de crédito, pero los costos dependerán de cada banco. Y aunque desde el Gobierno nacional se mencionó la posibilidad de que el pago de las cuotas pudiera ser incluido en el plan Ahora 12 con tarjetas, hasta ahora no hay nada concreto.
Otra cuestión que está jugando en contra del mantenimiento del sistema educativo que cuenta con aporte estatal es que quedaron afuera del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). Casi un 75% de las instituciones de la provincia recibían esta ayuda, pero en noviembre dejaron de contar con el beneficio, que alcanzaba al personal contratado, aunque no a la totalidad.
Al confeccionar una especie de radiografía del sector, desde Adidep informaron que en San Juan funcionan 175 instituciones educativas y 43 de enseñanza no formal, como son los institutos de idioma, de danza y computación, por citar algunos ejemplos.
Del primer grupo, el desgloce señala que hay 30 de nivel inicial, 54 primarias, 46 secundarias, 23 de educación superior, 9 de educación especial, 5 de capacitación laboral y 8 secundarios de adultos.
En este sistema estudian 53.000 alumnos en la educación formal y otros 7.000 en la educación no formal. Y trabajan unos 7.000 docentes y no docentes, contando el personal administrativo y el que realiza tareas de maestranza.
Este año ha sido bastante atípico por la incidencia de la pandemia, porque las clases comenzaron en marzo, pero a los pocos días se paralizaron por la llegada de los primeros casos de Covid-19 en el país, aunque en San Juan tardaron en llegar. Al punto que el lunes 10 de agosto se comenzó a retomar la actividad en los últimos años de primaria y secundaria, a excepción de departamentos como en la Capital. Pero la irrupción de un brote de contagios volvió a paralizar la actividad. Y todo indica que continuará así hasta el año próximo, al punto que todavía no hay fecha para el regreso a las clases presenciales, aunque la actividad continuó en forma virtual y a través de guías educativas.
- Ajuste de las cuotas
Uno de los pedidos urgentes que hacen desde Adidep para garantizar el funcionamiento de los colegios de educación privada es el ajuste de las cuotas, que permanecen congeladas desde octubre del 2019. Y aunque, según usos y costumbres, se venía autorizando un incremento acorde al acuerdo paritario entre el Gobierno provincial y los trabajadores estatales, este año quedó sin efecto.
Para analizar la situación del sector se ha creado una comisión, integrada por representantes de la Secretaría de Comercio, Defensoría del Pueblo, Dirección de Estadísticas, Dirección de Educación Privada y la Adidep.
Esta comisión tiene como finalidad analizar las necesidades del sector y establecer un porcentaje de incremento en las cuotas "ideal y posible de aplicar", según reconocen en el sector.
"Hay que buscar el consenso y un punto de equilibrio social", dijo Walter Urquiza.
En el sector están muy preocupados porque con la alta morosidad registrada en el pago de las cuotas han tenido que seguir afrontando los gastos de funcionamiento de las instituciones, como la electricidad, además del mantenimiento de los edificios. Y si bien hubo muy pocos días de clases presenciales, hubo gastos permanentes que afrontar. Además del pago de los salarios del personal porque, si bien el promedio del aporte estatal es del 70%, el resto de los haberes corre por cuenta de las instituciones. Además, las materias especiales, corren por cuenta de los colegios y no forma parte de la ayuda estatal.
Por lo pronto tienen las expectativas centradas en el ajuste de las cuotas, para lo cual será la clave la tarea de la comisión armada con ese fin.