La determinación de la Línea de Ribera es una obra pública que nunca se inscribió entre las prioridades de un Gobierno provincial y eso que hay planteamientos de hace más de 50 años de la necesidad de su realización, periodo en el que estuvieron fuerzas de todos los colores políticos. Y al día de hoy, esa indefinición le significó al Estado provincial costos económicos. Aunque podría ser mucho peor.
La ausencia de la línea jurídica que delimita el dominio privado del público en ríos, arroyos, espejos de agua y glaciares genera un vacío legal que no sólo afecta a la seguridad jurídica sino que hay expertos en la materia que priorizan en su análisis el riesgo de la seguridad de las personas.
El abogado Jorge Diego Maurin, integrante de la Fiscalía de Estado de la Provincia, dedicó mucho tiempo a estudiar el tema. Autor de una "Propuesta para la determinación de la línea de Ribera en San Juan" , sostuvo que esta indefinición genera problemas que ya fueron planteados por ejemplo en 1963 por el entonces Colegio de Agrimensores e Ingenieros Geógrafos de San Juan. Y entre las consecuencias afirmó que al Estado le costó "valores exorbitantes" múltiples sentencias en expropiaciones de terrenos con cauce de aguas públicas. En otras palabras, hay antecedentes en los que el Estado pagó a particulares por terrenos que eran públicos.
Todavía figuran parcelas de particulares que se ubican en el lecho del río, según publica el sitio de la Dirección de Geodesia y Catastro. Su titular, Juan Pablo Quattropani, aseguró que "todas esas mensuras son de muy vieja data. Vienen con vicios del pasado. Papeles que en algún modo son nulos de nulidad absoluta". El funcionario añadió que al momento de realizar una nueva mensura de los dominios que podrían estar en el lecho de un río, se detectará con seguridad la situación irregular, respaldados por los nuevos sistemas de control. Entonces, el procedimiento es derivar el caso al Departamento de Hidráulica quien definirá una línea de ribera para ese sector en particular y de ser necesario, intervendrá Fiscalía de Estado, originándose un expediente administrativo.
Mediante la Resolución 632, el Departamento de Hidráulica es hoy el encargado de achicar ese vacío legal. En su artículo 2do, indica que fija la línea de ribera "cuando lo crea oportuno y conveniente de oficio o a instancia de cualquier propietario de inmuebles contiguos o de concesionario amparados por el Código de Aguas". Determina para el Río San Juan como promedio para la máxima crecida media ordinaria un caudal de 1.050 metros cúbicos por segundo. Para el Río Jáchal, 208 metros cúbicos por segundo. No hay especificaciones para otros ríos de la provincia.
De todos modos, la Resolución consideró que es necesario enfrentarse a la ausencia de legislación porque produce daños directos y potenciales, enumerando 4 puntos: 1) La seguridad material o física de los habitantes, 2) La seguridad jurídica y de los negocios. 3) El régimen fiscal. 4) Patrimonios públicos y de los particulares.
San Juan es un caso más entre las provincias que carecen de esta reglamentación. Y al faltar la Línea de Ribera fueron sucediendo varios problemas. Entre los más llamativos figuran la demanda que el Estado realizó a una empresa agrícola por considerar que avanzó más de la cuenta (50 hectáreas aproximadamente) con sus cultivos; la posibilidad que invadió el Dominio Público el barrio Mariano Moreno (ver Página 12); la causa judicial "Nacional Lead" en la que unos particulares pretendían llevar a remate público un gran inmueble en zona cordillerana, con ríos y arroyos incluidos, y la Provincia tuvo que presentar un freno judicial ante la Corte de Justicia de la Nación. También hay hechos de menor magnitud pero particularmente paradójicos, como un productor ganadero que podría estar obligado a detener un emprendimiento en Marayes porque no fue advertido oportunamente que se instalaba en tierras públicas (ver Página 11).
La construcción de los diques y la disminución de precipitaciones níveas en los últimos 50 años incidieron en que no se registren volúmenes importantes de agua en el río principal, a la altura de la ciudad más habitada. Pero en caso que, a largo plazo, se produzcan eventuales inundaciones (los cambios climáticos son un factor a tener en cuenta), genera hoy la incertidumbre sobre la responsabilidad de los costos a cargo del Estado, por no estar marcada la Línea definitiva.
REALIDAD VIRTUAL
Las nuevas tecnologías pueden contribuir a llegar a la solución definitiva. Haber encarado la demarcación de la Línea de Ribera antes que evolucionaran las computadoras hubiera significado un trabajo prácticamente faraónico, tanto en tiempo como en presupuesto.
El titular de la flamante Secretaría del Agua, Edgardo Güerci, consideró que la Resolución 632 cumple bien su rol aunque no deja de ser transitoria.
El funcionario afirmó que, por ejemplo, las características del lecho del Río San Juan (luego de los diques) de hoy no son las mismas que hace 50 años, debido a las forestaciones, emprendimientos agrícolas, obstáculos, excavaciones y otros elementos que influyeron en este tiempo. Adelantó que están comenzando a trabajar en un simulador digital para conocer las áreas de inundación, según el excedente de agua que eventualmente saliera de los diques. Güerci afirmó que además de definir con mayor exactitud la Línea de Ribera, al considerar el comportamiento actual del río, se podría aplicar una segunda demarcación que contribuirá justamente a la seguridad de las personas, evitando edificar por ejemplo, en áreas susceptibles de inundación, en caso de excedentes de agua. Eso sí, el secretario reiteró que se están realizando los primeros tests de estos modelos y no dio plazos para llegar a esa definición. Sólo apeló a una broma: “Espero verlo como jubilado”, soltó con una sonrisa.
Maurin vislumbra todavía un largo y arduo camino por recorrer hasta que se promulgue la Ley de la Línea de Ribera y estimó que por lo pronto es necesaria la concientización de los funcionarios del Poder Ejecutivo. Está convencido que al momento de aplicar la línea jurídica definitiva surgirán cuantiosas situaciones, con lo que el reordenamiento territorial no llegará de un momento a otro, sino que continuará el extenso peregrinar hacia el saneamiento completo. Y reconoció que para tales circunstancias “tenemos capacidad operativa en las ciencias duras, pero no tenemos una capacidad jurídica al tono. Nos vamos a encontrar sobre la marcha con cosas que no se pueden prever. Pero si no se dan los primeros pasos, nunca se va a resolver”.