El escrito que mandó ayer la Corte de Justicia al Ministerio de Gobierno está firmado por los integrantes de la Sala de Superintendencia, Humberto Medina Palá, Carlos Eduardo Balaguer y Adolfo Caballero. Pero en Tribunales aseguraron que los otros dos integrantes del máximo tribunal de la provincia, Juan Carlos Caballero Vidal y Abel Soria Vega, comparten el criterio.
El tema estaba en estudio desde la semana pasada, cuando llegó al palacio de Tribunales la notificación de Miguel González. Fuentes judiciales aseguraron que el anuncio de que cesaba la vigilancia policial en los edificios judiciales causó sorpresa y malestar en los integrantes de la Corte.
La medida oficial fue estudiada por el área legal y Técnica de la Corte de Justicia y con el dictamen en mano, resolvieron los cortistas. La respuesta fue firmada el día lunes y ayer salió hacia la cartera política.
En los argumentos, dice que la exclusividad de la Policía en la custodia de los edificios públicos se fijó para que no proliferara la contratación de agencias privadas de seguridad por parte de las reparticiones oficiales.
