A diferencia de lo que pasó en Mendoza, el gobierno sanjuanino no pondrá plata de su bolsillo para financiarle a los magistrados la actualización de sus aportes jubilatorios. El financiamiento correrá por orden del Estado nacional a través de la ANSES, que es el organismo al que van los aportes que recauda la AFIP.
En la vecina provincia, ante la misma situación, el Estado se hizo cargo de la plata que tenían que poner los jueces y éstos últimos se la tienen que devolver con interés. Ese mecanismo fue el que les aconsejó a los sanjuaninos el presidente de la Asociación de Magistrados de Mendoza, Gonzalo Guiñazú.
Sin embargo, el gobernador José Luis Gioja abrió el paraguas y dijo que el Estado no estaba en condiciones de hacer las veces de agente financiero. Los jueces sanjuaninos no pidieron eso, pero sí que el gobierno intercediera ante los organismos nacionales.
