El “acceso a Justicia” es una medida de la Corte de Justicia, a instancia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que va ligada al “acceso a la Justicia”. Esta última apunta a la necesidad que hay en la provincia de descentralizar la atención de los Defensores Oficiales del Ministerio Público.
Actualmente funcionan en la Ciudad de San Juan para unas 400.000 personas, aproximadamente. Eso implica que la población de los lugares más distantes, se estima que son unas 200.000 personas, donde la mayoría tienen problemas económicos o geográficos para acceder a una defensa pública gratuita, quedan excluidas. Actualmente hay un proyecto de ley para crear Defensores Públicos itinerantes.
