Que la provincia se endeude y que congele los salarios públicos y postergue los aumentos no son medidas populares, sino que más bien son antipáticas. Sin embargo, ante la crisis generada por la pandemia del coronavirus, que impactó en la economía por el aislamiento obligatorio, la gestión uñaquista llevó a cabo tales iniciativas frente a la brusca caída de los recursos y, a la par, consiguió el acompañamiento de la oposición y de gremios de peso. Por un lado, los diputados de Producción y Trabajo (éstos, con conocimiento de sus autoridades partidarias), del Pro y Actuar votarán a favor de autorizar al Gobierno endeudarse hasta 8 mil millones de pesos. Por el otro, referentes de UPCN, UDAP y ATSA explicaron que entienden la difícil situación, por lo que no dieron señales de alentar ningún conflicto.
La ministra de Hacienda, Marisa López, había sido muy clara con respecto a los números: en el primer cuatrimestre del año, entre lo que la provincia recibió de coparticipación federal y recaudó de impuestos locales con lo que efectivamente gastó para el funcionamiento del Estado se produjo un saldo negativo de 3 mil millones de pesos. Todos los indicadores señalan que los ingresos de mayo serán peores, por lo que la titular de la cartera económica había adelantado a este medio que pedirán un préstamo o emitirán títulos de deuda y que echarán mano al Fondo Anticíclico (Ver nota de página 3, A fin de mes…). Y en una entrevista en “A todo o nada” de LV5, la funcionaria había reconocido que era una alternativa congelar el sueldo de los estatales, quienes tuvieron una suba en marzo. En conferencia de prensa, destacó que se postergaron los restantes incrementos hasta que la provincia vuelva a tener niveles regulares de recaudación.
Ante la medida oficial, José Villa, secretario General de UPCN, el gremio estatal con unos 20 mil afiliados, señaló que “es entendible. La situación del país es tremenda y la provincia tiene lo suyo. La recaudación viene en caída y la coparticipación se redujo muchísimo. Veremos si nos reunimos en julio o agosto a ver qué pasa”. Por su parte, Luis Lucero, de UDAP, manifestó que “el peor escenario es una pandemia o una guerra y nos estamos enfrentando a uno de ellos. Este es el mal menor, porque se posterga y no se deroga. Sentimos que va a haber molestia, pero hay que entender que, de 24 provincias, 20 vienen con el sueldo de 2019 y en muchas no se está pagando a tiempo”. En cuanto a ATSA, el sindicato de la sanidad, su titular, Alfredo Duarte, resaltó que “en esta situación hay que tener actitudes solidarias. Es muy grave lo que pasa en todo el país”, aunque indicó que han hecho gestiones con las autoridades provinciales para conseguir un bono de 10 mil pesos en 2 cuotas para el personal que no se ha visto incluido en la medida nacional (Ver nota de página 3, Analizan entregar…).
Con respecto al endeudamiento, fue el presidente de la Cámara, Roberto Gattoni, quien el martes se reunió con todos los titulares de los bloques, entre ellos, los opositores, a quienes les explicó la difícil situación económica que justifica la necesidad de pedir un crédito o emitir títulos. Sergio Miodowsky, de Producción y Trabajo; Enzo Cornejo, del Pro, y Gustavo Usín, de Actuar, señalaron que acompañarán la iniciativa, un gesto que el vicegobernador destacó. Fuentes calificadas indicaron que referentes del primero de los partidos políticos también respaldaron la medida, como el diputado nacional Marcelo Orrego y los intendentes Juan José Orrego y Fabián Martín, entre otros.
Control del gasto
El Gobierno había reducido en un 33,3 por ciento los gastos corrientes en 11 de las 14 reparticiones en lo referido a bienes de consumo y contratación de servicios. Las que quedaron afuera del recorte son las áreas de Salud, Seguridad y Desarrollo Humano, que vienen trabajando fuertemente en la emergencia sanitaria.